La juez Alaya denuncia que PP y PSOE pactaron echarla del caso ERE: "Mueven los jueces a su antojo"
Denunció que PP y PSOE utilizan a los fiscales "como lacayos" y que "no mueven un dedo si no reciben órdenes" de Madrid. (Pedro de Tena (Sevilla)2017-04-28)
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| Mercedes Alaya - EFE |
Tras resolver los últimos recursos, la Audiencia Provincial de Sevilla dio este jueves por cerrada la instrucción de la pieza política del caso ERE, que dirigió la juez Alaya hasta que fue apartada del caso. Se contempla apertura de juicio oral, cuya fecha sigue sin determinarse, para 22 imputados entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Y fue este mismo miércoles, día 27 de abril, cuando, en Valencia, en el transcurso de una conferencia organizada por el Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana, la juez Alaya denunció la manipulación de la justicia que actualmente tiene lugar en España y se manifestó en contra de que unos fiscales politizados sean los únicos que puedan instruir causas penales en España como se pretende desde el Gobierno y el PSOE.
Las afirmaciones de la juez sevillana han sido recogidas por una pequeña parte de la prensa regional valenciana y nacional. Según el digital Valencia Plaza, Alaya certificó que no le permitieron seguir con el caso ERE con el voto unánime del PP y del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Según dicho diario, cuando le preguntan sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: "Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
Respecto a la Fiscalía, Alaya dijo que "no se puede utilizar a los fiscales como lacayos". De hecho, consideró que los fiscales Anticorrupción "no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido", dijo en referencia al caso de los ERE. Según ella, "el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación". Dado que el Gobierno elige al fiscal general del Estado, y éste a los de Anticorrupción, el Gobierno está presente en todos los casos de corrupción".
Es más, denunció que los fiscales "son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción". Por ello, Alaya cree que dejar la instrucción de estos casos y otros penales a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado "dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado". Y añadió: "Podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno".
Alaya se refirió a la alianza de hecho existente entre los grandes partidos, PP y PSOE, que expresó de este modo: "Tras el 15-M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia" bendecido en los grandes medios de comunicación, siempre a favor del poder.
La exjuez de los ERE el consejo General del Poder Judicial debería ser elegido por jueces. El Fiscal General del Estado debe ser elegido de modo que se garantice su independencia y autonomía presupuestaria. Además, debe haber un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que "ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo".
La "pieza política" de los ERE, a juicio oral
Serán 22 los finalmente procesados en la pieza política del caso ERE, instruido en primer lugar por la juez Alaya, después por el Supremo y finalmente, por el juez de apoyo Álvaro Martín en vez de por la titular María Núñez Bolaños, sustituta de Alaya en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Manuel Chaves y José Antonio Griñán inician una lista que completan otros 20 ex altos cargos de la Junta, entre consejeros, viceconsejeros y directores generales.
A Chaves se le piden 10 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por el presunto delito de prevaricación. Sin embargo, a José Antonio Griñán, por haber sido consejero de Economía y Hacienda en el momento de los hechos, se le piden seis años de cárcel y 30 más de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación.
El caso se ha cerrado cuando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha resuelto los últimos recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado hace ya casi un año. En el auto final, cuenta Diario de Sevilla, se recuerda que el "fondo de reptiles", la expresión que popularizó el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, se creó en el año 2000 y fue usado durante una década sin que las personas encausadas "pusieran freno a esta huida hacia delante, consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos, esencial en un Estado Social de Derecho Democrático, como define la Constitución a España".
Otros principales encausados y las penas solicitadas son las siguientes:
Magdalena Álvarez, ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ex ministra de Fomento. Diez años de inhabilitación por presunta prevaricación.
Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial, ex vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia durante 15 años. Diez años de inhabilitación por supuesta prevaricación.
José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004. Ocho años de prisión por presunta malversación además de la solicitada por prevaricación.
Francisco Vallejo, consejero de Obras Públicas durante seis años y de Innovación, Ciencia y Empresa durante seis años. Ocho años de prisión por malversación.
Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Ocho años de cárcel por malversación.
Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía y Hacienda entre 2009 y 2010 y de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2010 y 2013. Seis años de prisión por malversación.
Resta ahora saber fecha de celebración del juicio y la identidad del tribunal encargado de dictar sentencia. Es conocido que, tras un mediático sorteo, el caso fue adjudicado en calidad de presidente del Tribunal al magistrado ex alto cargo de la Junta, Pedro Izquierdo, pero, tras un tenso y lógico debate público, el PP presentó una recusación contra él, pendiente de resolución.
