·
Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el
terrorismo y el
narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años
1987 y
1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
·
Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de
este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia
Ruiz-Mateos.
·
Caso Filesa: financiación ilegal del
PSOE a través de las empresas tapadera
Filesa,
Malesa y
Time-Export, que entre
1988 y
1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona,
Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE,
Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
·
Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del
tren de alta velocidadMadrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
·
Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte de SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
· Otros 3 sumarios.
·
Caso Osakidetza: en las oposiciones al
Servicio Vasco de Salud de
1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos
Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
·
Caso Guerra: juicios a
Juan Guerra, hermano del vicepresidente
Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.,
20 de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años.
·
Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas
torres KIO, cuando la sociedad
Urbanor vendió los terrenos de la
Plaza Castilla de Madrid, al grupo
kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
·
Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico
La Vanguardia, por encargo del empresario
Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
·
Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados
Jordi Planasdemunt, alto cargo de
CiU y director general del
Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
·
Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas
Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
·
Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
·
Caso Salanueva: Detención de la ex directora del
BOE,
Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el
29 de noviembre de
1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el
1 de diciembre. En
1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de
Carmen Romero y de la
Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
·
Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.
·
Caso Roldán: llamado así por
Luis Roldán, director de la
Guardia Civil entre
1986 y
1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
·
Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
·
Caso Palomino: el cuñado de Felipe González,
Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por
Dragados), cuya cartera de obras para el
MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.
·
Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de
pesetas en un proyecto para construir una
refinería de
petróleo en las cercanías del
puerto de
El Musel, en
Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente
socialista de
Asturias,
Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
·
Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular
Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de
Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
·
Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP,
Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.
Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)
Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
·
Caso Zamora: iniciado en
1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002.
·
Caso Pallerols: en
1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de
Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario
Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de
2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de
2006.
·
Caso del Lino: en
1999 la
Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura
Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción
Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de
Baltasar Garzón, el
23 de abril de
2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en
2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de
euros cobrados.
·
Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica,
Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de
Telefónica.
·
Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de
César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre
1997 y
1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.
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Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por
CCOO,
UGT,
CEOE,
CIG y
CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
Partido GIL Caso de presunta corrupción. Dinero público presuntamente estafado
500 M€ robados 671,4 M€ blanqueados
GIL Andalucía. Deudas con Hacienda y la Seguridad Social
PSOE 17 ayuntamientos. Tramas urbanísticas
PSOE Andalucía. Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos
48,1 M€ blanqueados
PP .Diversos ayuntamientos
Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares.
PP Salamanca. Constructores con trato de favor
1.160.000€
PP Salamanca. Constructores con trato de favor
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Caso Zarrafaya: en
2005 el alcalde socialista de
esta localidad granadina,
Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista
José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.
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Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.
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Caso Bolín: condena del ex alcalde
popular de
Benalmádena,
Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (
2008).
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Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias,
José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
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Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería
Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato
Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz
Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
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Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de
esta localidad cacereña,
José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de
Torremocha,
Domingo Galán Encina, del Partido Popular.
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Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca,
Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.
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Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del
IGAPE. Se investiga la implicación de dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo,
José López Orozco, y del
convergente Oriol Pujol, hijo de
Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del
ministro de Fomento y vicesecretario del
PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario
Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco a cambio de subvenciones, una acusación de la que el ministro fue finalmente absuelto.
·
Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de
ITV en
Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los
convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e
Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a
Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.
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Caso Cambil: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de
esta localidad jienense,
Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.
·
Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de
esta localidad jienense,
Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.
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Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia
Ruiz-Mateos.
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Caso Nóos: derivación en 2010 del
caso Palma Arena referente al fraude fiscal presuntamente cometido por
Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, acusado también de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el
Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio
Diego Torres. En abril de 2013, la
Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas de Urdangarin.
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Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.
·
Caso Brugal: investigación iniciada en 2006 sobre delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencia en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante.
Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)
Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
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Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al
Partido Popular de la empresa
Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de
Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de
Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el
popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde
pedáneo de
Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia
Rita Barberá.
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Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en
Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.
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Operación Pokémon: investigación judicial desarrollada en Galicia desde 2012 en relación con distintos episodios de supuesta corrupción, en la que se vieron envueltos algunos políticos gallegos, como el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, y concejales de varios ayuntamientos.
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Caso Dívar: El presidente del
Poder Judicial,
Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la
Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.
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Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013,
El Mundo82 publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con
dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a
Rajoy y
Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009. Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente
Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como
Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios. Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.
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Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al
PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la
Fundación,
Carlos Mulas.
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Tarjetas opacas de Caja Madrid: El caso de las tarjetas opacas o tarjetas black fue un escándalo que saltó a la luz en octubre de 2014, por el cual se desveló que la práctica totalidad de los consejeros de
Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante al menos las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito del tipo "Visa Black" otorgada por la entidad con la que habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y presumiblemente, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos. Las tarjetas Visa de la serie Black son el producto más lujoso que oferta la firma y están diseñadas para fortunas multimillonarias.
Operación Púnica: operativo policial en octubre de 2014 por el que la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.