A TENER MUY EN CUENTA

Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil cesado es un fascista pata negra que durante el golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 se vistió con su camisa azul de la Falange y se presentó en el Cuartel de la GC de Yecla, Murcia, para ponerse a disposición de los Golpistas.

Fue juzgado y absuelto por torturas al miembro de Eta, Kepa Urra al que llevaron de madrugada a un descampado y después de desnudarlo, golpearle con un objeto desconocido y arrastrarlo por el suelo.

El hecho ocurrió en plena investigación por el GAL. Las torturas fueron recogidas por dos relatores de la ONU y en un informe de Amnistía Internacional en 1993 . Mientras tres subordinados fueron condenados a 12 años y 6 meses de prisión el jefe del operativo, Pérez de los Cobos fue absuelto. Al año siguiente el Tribunal Supremo redujo las penas a un año, y en los meses posteriores fueron indultados parcialmente. A llos 2 años el TS anuló sus condenas.

Fue el encargado por el gobierno de Rajoy de intentar evitar y posteriormente reprimir a palos el Referéndum del 1 de Octubre en Cataluña. Además de estar involucrado en las Cloacas del Estado y la policía política del ministro del interior de Rajoy, Fernández Díaz.

Su hermano Francisco Pérez de los Cobos fue miembro y militante del PP., fue elegido presidente del Tribunal Constitucional por unanimidad de todos sus miembros, lo que da una idea de los fascistas que lo conformaban y bajo su presidencia se dictó la sentencia que pisoteó el Estatut de Cataluña aprobado por el Parlamento Catalán y Español y refrendado en un Referéndum. Lo que para catedráticos de derecho Constitucional y ex miembros del TS fue un auténtico golpe de Estado judicial a la soberanía popular que reside en los Parlamentos. Posteriormente este fascista se presentó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo afirmando saber leer y escribir en inglés. Sin embargo se publicó que no respondió en ese idioma cuando fue preguntado en la entrevista que le realizó, el 12 de Enero de 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No obtuvo ningún voto, a pesar de las presiones políticas para colocarlo en ese Tribunal.

El padre de ambos, Antonio Pérez de los Cobos se presentó a las elecciones en 1977 por el partido fascista Fuerza Nueva en Yecla, Murcia.. Lo que demuestra una vez más que los franquistas y sus herederos ideológicos siguen ocupando las altas instancias Legislativas, Ejecutivas y Judiciales. Como ha afirmado en repetidas ocasiones el Sr. Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: España Apesta a Franquismo.

Los dos Perez de los Cobos que son de Zafra era del ala juvenil de Falange y Fuerza Nueva. Y daban palizas a los Progres de la zona en la dictadura y transición.

Pilar Bardem Muñoz.

LA FIGURA DEL REY EMÉRITO

Así describe el diario 'Le Monde' a Juan Carlos I: "Un viejo rey devorado por su pasión por las mujeres y el dinero". 

En un artículo titulado 'Maleta de billetes en Suiza, sociedad opaca en Panamá: Juan Carlos, el desconcierto de España', el diario francés hace un exhaustivo repaso de los escándalos que rodean al rey emérito sin escatimar ningún detalle.

"Una aristócrata alemana tal vez demasiado habladora. Generosas donaciones de los países del Golfo. Un administrador de fondos y un abogado de azufre en Ginebra. Sin olvidar una base opaca, domiciliada en Panamá ... Todos los ingredientes de un thriller político-financiero se unen en el escándalo que azota a la monarquía española desde principios de marzo". La prensa francesa ha puesto sus ojos en Juan Carlos I y la mirada que se desprende es de reprobación. El prestigioso diario Le Monde publicó ayer, miércoles, un extenso reportaje sobre el rey emérito firmado por su corresponsal en España, Sandrine Morel, en el que la figura regia no sale bien parada. 

En un artículo titulado Maleta de billetes en Suiza, sociedad opaca en Panamá: Juan Carlos, el desconcierto de España, Le Monde hace un exhaustivo repaso de los últimos escándalos que han rodeado a Juan Carlos sin escatimar ningún detalle a sus lectores y describe al rey emérito como "un viejo rey devorado por su pasión por las mujeres y el dinero" ya desde la primera línea. 

Le Monde asegura, contundente, que estos escándalos, sin olvidar el caso Noos y en el encarcelamiento de su yerno, Iñaki Urdangarin, "ensucian la corona de su hijo" y "amenazan el futuro de la monarquía en España". 

El resto del artículo no es mucho más benévolo: recorre la trayectoria de un monarca cuestionado por los españoles y recuerda cómo perdió el aprecio de los ciudadanos con el incidente de caza en Botsuana, en lo peor de la crisis económica que azotaba al país. Morel no se deja nada en el tintero: ni el silencio cómplice de algunos medios, ni tampoco la intervención estelar del comisario ya jubilado y actualmente en prisión, José Manuel Villarejo. 

La corresponsal de Le Monde también señala a sus lectores que la emergencia del coronavirus ha venido a tapar las vergüenzas de la Casa Real española. La autora del reportaje incide mucho en que el rey Felipe aprovechó el primer día del estado de alarma para retirar a su padre la asignación oficial. "Si la crisis sanitaria no fuera tan grave, no se hablaría de otra cosa en España", afirma el politólogo Pablo Simón en el reportaje. 

En el reportaje también se cita otra frase demoledora pronunciada por Corinna sobre el rey emérito sacada de la famosa grabación de José Manuel Villarejo en 2015: "No sabe distinguir lo que es legal de lo que es ilegal". Toda una andanada en la línea de flotación de un reinado que duró casi 38 años. 

La corresponsal francesa escribe, además, que durante muchos años los ciudadanos españoles perdonaron los excesos de este monarca "familiar y amigable, alegre y juguetón", pero que la paciencia terminó por agotarse. 

El texto, en definitiva, también recopila un rosario de jugosas anécdotas que han sido publicadas en varios libros editados en España, pero que no han sido publicitadas. Señalamos una tal como la recoge el reportaje de Morel: "En 1977, en plena transición democrática, el Príncipe Fahd, futuro rey de Arabia Saudita, le entregó a Juan Carlos 100 millones de dólares. Un préstamo destinado a "fortalecer la democracia española", incluso si, como escribe otro periodista, José García Abad, en Una tragedia griega (La esfera de los libros, 2005), "mucho más [dinero] ha llegado a Zarzuela que a Moncloa". Nadie sabe hoy si este préstamo ha sido pagado o no". 

Esta es la visión de Le Monde de un rey que según el propio rotativo francés tiene "un poder de destrucción" sobre la propia monarquía española. 

Público.

Salvar a ratas: cómo varios sacerdotes católicos ayudaron a los nazis a esqui-var a la justicia

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial los criminales de guerra del Reich no podían pensar en nada que no fuese salvarse el pellejo. Querían esquivar ser juzgados por sus crímenes, así que decidieron escapar a otros países. Hubo quienes decidieron ayudarlos. Entre ellos, sacerdotes de la Iglesia católica. 

Los criminales nazis empezaron a buscar un lugar seguro y a abandonar su Reich como ratas escapando de un barco que se estaba hundiendo. Las rutas de escape para los exmiembros de las SS aparecieron precisamente cuando la caída del Reich se hizo obvia e inevitable: dichas rutas pasaron a conocerse como líneas de ratas —ratlines, en inglés—. Hubo varias rutas, pero entre ellas destacaron tres principales. 

Nada personal, solo negocios: cómo algunas empresas estadounidenses colaboraron con los nazis 

La primera comenzaba en Alemania, atravesaba España y llegaba a su punto final en Argentina. La segunda línea de ratas atravesaba las ciudades italianas de Roma y Génova y terminaba en algunos países sudamericanos, y la tercera atravesaba territorio de algunos países de Oriente Medio y tuvo su punto final, también, en algunos países de América Latina. 

La existencia de estas líneas ayudó a muchos exintegrantes de las SS a escapar de la justicia. Durante muchos años vivieron en algunos países sudamericanos e incluso trabajaron para gobiernos locales o para Estados Unidos. Pero es cierto que hubo casos en los que los servicios especiales de Israel atrapaban a los nazis en su escondite y los transportaban a Israel para poder procesarlos por tomar parte en el Holocausto. 

Si bien se acepta universalmente que el führer de la Alemania nazi, Adolf Hitler, se suicidó en su búnker en Berlín en los últimos días de la guerra, hubo teorías conspiranoicas según las cuales pudo haber usado una de las líneas de ratas para escapar a Argentina. Si bien no fue lo que sucedió, sí es verdad que muchos nazis huyeron del territorio alemán y lo hicieron con la ayuda de unos sacerdotes.

Uno de los creadores de las líneas de ratas fue un simpatizante de Adolf Hitler y de la ideología nazi, un sacerdote austriaco de la Iglesia católica afincado en Roma de nombre Alois Hudal. Había glorificado las políticas del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y, en ocasiones, criticado y atacado indirectamente las políticas del Vaticano. Su trabajo ayudó a encontrar refugio fuera del Viejo Continente a muchos nazis prominentes y representantes de otros países pertenecientes o leales a los países del Eje. 

Hudal daba gracias a Dios por poder salvar a los exintegrantes de las SS y a otros criminales de guerra. Fue conocido por su perversa posición hacia la derrota del nazismo. Creía que la guerra contra Alemania "no era una cruzada", sino que con toda seriedad aseveraba que esta era una "rivalidad de complejos económicos". Mientras tanto ponía en duda que la gente a la que ayudaba fueran criminales de guerra. 

La táctica era simple: los simpatizantes de los nazis como Hudal inventaban una identidad falsa para los exintegrantes de las SS, conseguían los papeles necesarios, luego obtenían un visado para ellos en la embajada de un país determinado —a menudo a través de sobornos—, compraban billetes de barco y los enviaban a un lugar seguro. 

Uno de los monstruos a quien salvó fue el arquitecto del Holocausto y el culpable de la muerte de cuatro millones de personas, Adolf Eichmann. Se escondió durante dos años en diferentes monasterios de Italia. En 1950 obtuvo documentos falsificados y se mudó a Argentina, donde vivió casi una década hasta que lo capturaron los servicios especiales de Israel en mayo de 1960 y lograron trasladarlo al país hebreo. 

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Otro caso famoso es el del excomandante de los campos de concentración Sobibor y Treblinka, Franz Stangl, culpable de decenas de miles de muertes. Llegó a la capital italiana buscando en pánico a Hudal porque sabía que el sacerdote ayudaba a los nazis. Cuando encontró a Hudal, este último le ayudó a escapar a Siria y dio mucho dinero. Durante su estancia en el país árabe Stangl ahorró más dinero y después se mudó a Brasil. 

El obispo Hudal también ayudó al infame capitán de las SS y excomandante del gueto en la capital letona Eduard Roschmann, conocido como el Carnicero de Riga, quien fue culpable de la muerte de unos 40.000 judíos en el país báltico. El sacerdote austriaco ayudó al criminal nazi a mudarse de Génova a Argentina. 

Alois Hudal fue uno de los primeros, pero no el único obispo que prestaba ayuda a los fugitivos nazis en aquella época. 

El sacerdote croata cómplice de EEUU que ayudó a los nazis a encontrar cobijo 

Estados Unidos también jugó su propio papel en el uso de las líneas de ratas. A finales de la década de 1940 los servicios especiales norteamericanos ayudaron a dar cobijo a los exoficiales de la Gestapo y de las SS por una simple razón: querían usarlos para su propio beneficio. Y este trabajo sucio se le encomendó al sacerdote croata Krunoslav Draganovic. 

La guerra por la verdad: Rusia hace frente a Occidente para proteger la victoria de la URSS 

En aquella época el Cuerpo de Contrainteligencia (CIC, por sus siglas en inglés) operaba activamente en la zona de ocupación estadounidense en la Austria de posguerra. La URSS exigió que Washington trasladara criminales de guerra nazis para luego procesarlos, y lo hizo en plena concordancia con un trato especial entre EEUU y la Unión Soviética que estipulaba que la parte norteamericana tenía que extraditar a los criminales de guerra. 

Sin embargo, los aliados decidieron no tomar ninguna acción porque querían evitar que se revelasen detalles sobre su cooperación con los exmiembros de las SS. Entonces Washington ideó un plan: solicitaron la ayuda de Draganovic, quien usó el dinero estadounidense para conseguir pasaportes italianos y argentinos, visados y billetes de barco para enviar a centenares de torturadores de las SS a América Latina. 

Uno de los criminales nazis que lograron escapar de la justicia fue el Carnicero de Lyon, hauptsturmführer de las SS, Klaus Barbie, quien fue culpable de la muerte de 14.000 personas. Él personalmente torturó a los miembros de la resistencia francesa y a muchos judíos. Barbie fue el verdadero maestro de las torturas. La gente en el Pentágono sabía bien de su existencia y de sus destrezas. Así que en 1947 Barbie empezó a colaborar con el CIC. 

Enseñó a los oficiales estadounidenses el arte de las interrogaciones violentas. También trabajó en la República Federal de Alemania. Cuando Francia se enteró del paradero del Carnicero de Lyon, los estadounidenses crearon una identidad falsa y consiguieron los papeles necesarios para el criminal nazi con tal de enviarlo a Bolivia, donde vivió durante 30 años en la ciudad de Cochabamba. Pero en 1983 las nuevas autoridades bolivianas lo extraditaron a Francia. 

Asimismo, Krunoslav Draganovic es conocido por organizar el traslado a Argentina de su compatriota y caudillo del Estado Independiente de Croacia —aliado de los países del Eje— Ante Pavelic. En mayo de 1945, huyó a Austria, donde permaneció algunos meses antes de huir a la capital italiana. En Roma permaneció bajo la protección de la Iglesia católica. Luego, vivió en Argentina y en la España franquista. 

Hudal y Draganovic no fueron los únicos sacerdotes que ayudaron a los nazis a escapar a América Latina. Hubo otros obispos que organizaron la fuga de más de 5.000 exoficiales de las Schutzstaffel. A menudo la Iglesia católica estaba al tanto de lo que hacían sus clérigos, pero efectivamente no se lo impedía. 

Ayudar a estos monstruos debería considerarse un pecado y un crimen, y las personas que ayudaron en su huida no merecían pertenecer a la Iglesia.

La reunión en la que Felipe González puso al Grupo Prisa a ‘disparar’ contra el Gobierno de coalición

Del encuentro sale un mandato, dictado por el expresidente del Gobierno: “Es urgente y necesario echar a Unidas Podemos del Gobierno”

Esta semana tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo Editorial de El País presidida por Soledad Gallego Díaz, a la que fue invitado Felipe González.

El expresidente socialista es habitual en las reuniones del consejo de PRISA pero no tanto de El País.

Esta reunión telemática, con unos veinte asistentes, en la que, según fuentes conocedoras, el expresidente se conectó desde una casa en la costa, ha sido la comidilla durante los últimos días entre políticos y periodistas.

Según se cuenta, González mostró su malestar por la propuesta de Unidas Podemos para crear un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas: “Es la gota que colma el vaso", sentenció, dejando clara la necesidad de echar a Unidas Podemos del Gobierno propiciando un pacto con el PP, aunque el expresidente reconoció no tener convencido a Casado.

En PRISA entienden que la presión de sus medios a Pedro Sánchez puede ser definitiva, por su supuesto prestigio entre los cuadros socialistas.

Según las fuentes consultadas, este episodio explicaría la deriva editorial que han tomado esta semana la Cadena SER y el diario El País atacando al Gobierno de coalición y exigiendo ceses, justo cuando la derecha está en la calle movilizándose contra el estado de alarma.

Fuentes del Gobierno, consultadas por LUH, restan importancia a la reunión. En el lado del PSOE consideran que PRISA ya no es lo que fue en el pasado ni económica ni culturalmente. El entorno de Sánchez no se olvida además del papel que jugó la empresa en favor de Susana Díaz y de la vieja nomenclatura socialista.

En la parte morada consideran la virulencia de PRISA, contra Unidas Podemos en general y Pablo Iglesias en particular, el pan nuestro de cada día, aunque reconocen cierta sorpresa ante el nivel de animadversión de Ángels Barceló, siendo la SER un medio que al que consideran más abierto y plural que El País.

PRISA y sus medios tuvieron en el pasado un gran peso cultural en España y su influencia política fue enorme, condicionando el rumbo de los partidos de izquierda. Pero hace años que eso cambió. PRISA fue incapaz tanto de derrotar a Pedro Sánchez en la interna del PSOE como a Pablo Iglesias en la de Podemos. Los líderes del Gobierno de coalición lo son entre otras cosas, porque PRISA no pudo con ellos.

Raúl Solís. 23 de mayo de 2020 La útima Horra

España ha perdido un gran político y una mejor persona

Rebeldía

"Pero la rebeldía no es un gesto altisonante. No es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en román paladino: ¡no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación! -¿Por qué? - ¡Porque no quiero y me niego a decirle que sí! Porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podredumbre y no participo en ella y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual, y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, [hablo] de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son graznidos. - ¡Dale caña! - Circo romano. ¡No, no! La rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerles frente. Rebeldía para decir que no aceptamos que la 'Competitividad y el Mercado' sean los que rijan los destinos de las sociedades. Que entendemos que hay una declaración universal de derechos humanos que tiene que cumplirse y que eso significa sociedad de pleno empleo, donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar. ¡Incluso morir por eso! Porque morir tenemos que morir, muramos por lo menos luchando por un ideal noble y no consumiéndonos como un brasero".

Julio Anguita

Matriz holandesa y créditos millonarios del Gobierno del PP: el negocio de alquiler de apartamentos del casero de Ayuso

La empresa que canaliza el negocio de alquiler turístico y corporativo de Room Mate, tiene como socio único a una sociedad en Holanda a la que debe 7,8 millones; en 2015, el Gobierno de Rajoy le prestó 3,4 millones

Una empresa holandesa como principal fuente de financiación y socio único y 3,4 millones de euros en créditos concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Son algunos rasgos distintivos de Be Mate Community SA, la deficitaria firma que centraliza el negocio de alquiler de apartamentos de Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, el empresario que ha cedido dos pisos de lujo en el centro de Madrid a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cambio de un módico alquiler de 80 euros al día.

Domiciliada en Madrid, esta empresa figura en los registros de la Oficina de Patentes y Marcas como la propietaria de la marca Be Mate, que desarrolla el negocio de alquiler turístico de la cadena Room Mate, que no ha querido atender a eldiario.es. Be Mate Community SA es, según sus cuentas, la dueña del 100% de las acciones de Be Mate Corporate SL, que a su vez lleva la pata de alquiler de viviendas para empresas. Creada hace dos años, esta última nunca ha presentado cuentas.

Be Mate Community SA se constituyó en 2014. Desde entonces, según el Registro Mercantil, su socio único es una sociedad domiciliada en Amsterdam, B Mate Community BV. Sin ningún empleado, según la información disponible en Insight View, su administrador es Víctor Manuel Cintrano, el consejero delegado de Room Mate. 

El uso de sociedades instrumentales en Holanda está en el epicentro de la denuncia que presentó la Fiscalía de Madrid a finales del año pasado contra Sarasola y varios miembros de su familia por un fraude de 4,2 millones a la Hacienda española.

Las últimas cuentas disponibles de Be Mate Community SA son de 2018. En ellas explica que su principal actividad en ese ejercicio consistió "en la prestación de servicios de alojamiento y hospedaje de inmuebles" que alquila, "así como la obtención de comisiones derivadas de la intermediación en alquileres de apartamentos turísticos".

Pérdidas desde su creación

La fotografía que dejan esas cuentas es la de una empresa deficitaria, con unos números rojos de 2,3 millones en 2018 y una facturación de 2,2 millones. La sociedad, que "ha incurrido en pérdidas de explotación desde su creación en 2014", cerró 2018 con un fondo de maniobra negativo de 3,23 millones y un patrimonio neto negativo de 7,67 millones. 

Para solucionar ese desequilibrio patrimonial y evitar la disolución, el pasado 20 de diciembre su accionista holandés tuvo que aportarle un nuevo préstamo participativo de 3.151.600 euros, lo que eleva a más de 7,8 millones los créditos que le ha concedido esa firma con sede en Amsterdam desde 2014.

Al apoyo financiero de su socio holandés se suman varios créditos del Estado por importe de 3,45 millones que Be Mate Community SA recibió en el año 2015 y de los que a cierre de 2018 tenía pendiente de devolver 3,1 millones.

Como explica en sus cuentas, en septiembre y octubre de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entonces dirigido por José Manuel Soria, concedió a Be Mate tres préstamos "destinados a la financiación y potenciación de la actividad de la Sociedad por un importe total de 3.000.000 euros" a un tipo de interés de entre el 0,95% y el 0,967% y con vencimiento en 2020. 

A cierre de 2018, solo se habían amortizado 333.333 euros, correspondientes a uno de los créditos. "Para los otros dos préstamos de 1.000.000 de euros cada uno, la Sociedad no ha realizado ninguna amortización en 2018, recibiendo una autorización de fecha 9 de abril de 2019 de la Delegación de Economía de Hacienda de Madrid de aplazamiento de pago de importe de principal e intereses por cuantía de 342.833 euros, cada uno, cuyo período de pago comprende desde julio de 2019 a junio de 2020 en mensualidades constantes".

"Por tanto, el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2018 en concepto de estos préstamos asciende a 2.685.667 euros, con un devengo de intereses de 40.564 euros". A esos tres créditos del Estado se suma un cuarto concedido un mes después (noviembre de 2015) por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), también adscrita a Industria, por importe de 450.000 euros, vencimiento en diciembre de 2021 y un tipo de interés más elevado, del 5,5%, del que se habían amortizado 112.500 euros a cierre de 2018.

La cadena Room Mate desarrolla su actividad de alquiler de apartamentos a través de la marca Be Mate, y la pata de alquiler corporativo se canaliza a través de Be Mate Corporate. "Somos especialistas en empresas y nos encargamos de la gestión de alquiler temporal de pisos y apartamentos cubriendo las necesidades de travel managers, autónomos, PYMES, agencias de viajes, grandes empresas y propietarios", explica en su web.

Uno de sus clientes es la socimi Home Capital Rentals, la socimi impulsada por la familia Polanco a través de su fondo de inversión Qualitas, y que en marzo pasado, cuando ya había estallado la crisis del coronavirus, salió a cotizar al mercado alternativo bursátil (MAB). La empresa de Sarasola se encarga de explotar para Home Capital un inmueble con 19 apartamentos en la calle Blasco Garay de Madrid mediante alquileres de media estancia para clientes corporativos.

Los Sarasola, una saga de empresarios siempre amigos del poder

Son hijos del pelotazo. Ni de derechas ni de izquierdas, Enrique Sarasola Lerchundi, el patriarca fallecido en 2002, fue uno de los más importantes protectores y sufragadores del ex presidente Felipe González. Sus herederos, Kike y Fernando (Gigi), combinan sus elitistas relaciones con incursiones en diferentes procedimientos judiciales, algunos relacionados con la causa 'Tándem'.

El apellido Sarasola poblaba con frecuencia durante los años ochenta las páginas de la prensa del corazón. Los Sarasola eran una de las familias que representaba la España del pelotazo, vinculada sin ninguna discreción al PSOE de Felipe González. Pero, como muchos de los grandes empresarios de la época, la espuma de las olas se convirtió en marea agitada cuando el patriarca, Enrique Sarasola Lerchundi (fallecido en 2002), se vio involucrado en los casos Croesus y Pincinco, que investigaron el desvío de fondos de Grupo Torras procedente de KIO, entre otras operaciones. 

Mantenía relaciones personales y profesionales con la crema empresarial del momento: los Albertos, Cortina y Alcocer; el también fallecido dueño de VIPS, Plácido Arango, y, cómo no, Javier de La Rosa también pasó por su vida hasta que fue condenado a pena de prisión por el caso Torras. 

Enrique Sarasola Lerchundi murió con el juicio aún en marcha pero, una vez hubo sentencia, el Grupo Torras reclamó a sus herederos la responsabilidad civil más intereses; en total, casi 40 millones de euros. Su viuda, la colombiana Cecilia Maralunda Ramírez, y sus hijos, Enrique (Kike) y Fernando Sarasola Maralunda, trataron de renunciar a la herencia para eludir el pago, pero en 2017 el Tribunal Supremo dio la razón a Torras y ratificó el embargo cautelar (preventivo) de acciones e inmuebles de la familia para cubrir dicha responsabilidad, incluidos los bienes de Azulintas BV, una sociedad con sede en el semiparaíso fiscal de Holanda. Se desconoce si la deuda ha sido cancelada a día de hoy.

Problemas con Hacienda y su amistad con González y Rivera

Precisamente por la herencia de Sarasola Lerchundi, su mujer y sus hijos están imputados por evasión fiscal. Pero al no haber aún sentencia firme -están a la espera de la decisión del Tribunal Supremo-, todavía pueden contratar con la Administración pública, algo que se ha puesto en cuestión en el caso del contrato 'fantasma' por más de medio millón de euros que habría suscrito la Comunidad de Madrid con Room Mates para poder hacer uso de dos hoteles medicalizados durante la crisis de la Covid-19. 

A la espera de la resolución del Supremo, sobre Kike y Fernando pesa la petición de cuatro años de cárcel y una multa de 916.452,10 euros a cada uno por el impuesto de sucesiones; y sobre su madre, una multa de 10 millones de euros por haber defraudado 2.379.758,53 euros por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en 2002. 

Público ha consultado con fuentes de Hacienda y del mundo de la asesoría fiscal y todos coinciden en que la entidad que se contrataría en este caso es Room Mate SA, que no tiene problemas penales de índole fiscal. Por otro lado, la sentencia no es firme, así que salvo recomendación en contra de los códigos deontológicos del PP o de la Comunidad de Madrid, legalmente Kike Sarasola sí podría acceder a un contrato público. 

De hecho, los políticos tampoco tienen ningún problema en fotografiarse con él. Su padre era estrechamente cercano a Felipe González y Kike Sarasola ha sabido mantener la relación con el ex presidente del Gobierno. El origen de la relación entre su padre y González es anterior al Congreso de Suresnes, celebrado a mediados de los setenta, cuando Sarasola padre conoció a un joven Felipe González que acudía a la sede clandestina del PSOE, situada en un edificio de la calle Goya donde el empresario también tenía su oficina.

Después se atribuye a Enrique padre haberle construido la sede de la calle Ferraz a los socialistas, además de otros estrechos y oscuros vínculos que relata el periodista Ramón Tijeras

En momentos recientes, la cercanía de Kike Sarasola a la élite política ha quedado evidenciada con el trato especial que le ha dispensado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero antes de las elecciones generales de 2015, el empresario no tuvo problema en publicitar una cena con el entonces candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera. 

Kike Sarasola, mencionado en la pieza BBVA de Tándem

Curiosamente este círculo exclusivo de amigos empresarios y políticos que Kike Sarasola heredó le ha llevado a verse mencionado en procedimientos judiciales como la causa Tándem, contra el comisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales acusados de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsificación de documentos. 

El comisario Villarejo, ahora jubilado, no perdió la oportunidad desde su supuesta excedencia en la Policía, a principios de los ochenta, de trabajar con empresarios que formaban parte de este círculo empresarial, como José Luis Alcocer (hermano de Alberto Alcocer, primo de Alberto Cortina, socio de Sarasola, que tenía de secretaria a Longoria, mujer de Adrián de la Joya y cuñada de El Assir), a la sazón socio de Enrique Sarasola Lerchundi y más aún del también imputado en Tándem Adrián de la Joya. 

En el caso Tándem, que se instruye en la Audiencia Nacional, el nombre de Sarasola aparece en el oficio de 22 de enero de 2019 sobre la pieza del BBVA, confeccionado por Asuntos Internos con la documentación incautada en los registros a Villarejo. Está dentro de una subcarpeta informática llamada "GON", de la que Asuntos Internos escribe: "Contiene dos documentos Word, dieciocho documentos de texto y un documento denominado GON- Sarasola-6.2.96 que no se puede abrir".

Asimismo, el nombre completo de Enrique Sarasola Marulanda aparece en la línea 523 del cuadro de excel de "keywords" (palabras a buscar en los servidores de BBVA) que elaboró Price Waterhouse Coopers en el contexto de su informe forense para BBVA: de acuerdo con sus explicaciones, PWC seleccionó conceptos y nombres basándose en la frecuencia con que salían en artículos de prensa y documentos encontrados en BBVA. En la línea mencionada, Enrique Sarasola Marulanda aparece relacionado con las dos palabras "grupo hostil" , en referencia al supuesto "grupo hostil" conformado por Del Rivero, Sebastián, Arenillas y José Domingo Ampuero, que según Villarejo formaban el objetivo a batir cuando fue contratado por el banco presidido por Francisco González en diciembre de 2004. 

Una empresa de Fernando Sarasola, en el caso Gao Ping

Su hermano, Fernando, también ha aparecido citado en la causa contra la mafia china de Gao Ping, en la que asimismo estuvo imputado el comisario Carlos Salamanca, al igual en Tándem. La UDEF incluyó como "uno de los grupos más prolíficos" en sus relaciones con la organización para repatriar capitales dirigida por Gao Ping a Grupo Salermar 98 SL, presidida por Fernando Sarasola Marulanda, más conocido en la prensa del corazón como Gigi. 

Tenía sede en Génova, 15, y su identificación se propició por las escuchas ordenadas por el juzgado. No obstante, el nombre de Fernando Sarasola no fue incluido en los oficios, solo el del apoderado José Antonio Gil González. Su hermano, Kike, ha declarado en varias ocasiones que rompió toda relación con las empresas vinculadas a su hermano ya en 2005. José Antonio Gil Gónzalez fue apoderado de Room Mate SA hasta abril 2006, siempre según fecha de publicación de su cese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Antonio M Vélez - el diario.es 14/05/2020

Patricia López / Pilar L. Glez. De Lara - Público 13/05/2020 

Así capitaneó el presidente del Real Madrid la catástrofe de las residencias

Durante años, oligarcas como Florentino Pérez han convertido el sector de los geriátricos en su gallina de los huevos de oro. Las muertes por coronavirus se erigen como un macabro monumento a las deficiencias de la privatización

Madrid ha sido uno de los epicentros de la pandemia de la covid-19 en Europa, con más de 8.500 muertes registradas en la capital española. Así y todo, incluso una cifra de ese tipo no consigue reflejar la magnitud total de la tragedia, puesto que en las saturadas residencias de la región han fallecido al menos otras 5.500 personas, usuarios de los servicios de atención a mayores, que normalmente no se incluyen en las estadísticas oficiales. Cuando a finales de marzo el ejército acudió a desinfectar algunos de estos centros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo unas declaraciones en las que afirmó que los soldados habían descubierto a los residentes “totalmente abandonados”, “viviendo en condiciones extremas”, y hasta algunos habían sido encontrados “muertos en sus camas”.

Los trabajadores de una residencia, propiedad del proveedor internacional de servicios DomusVi, afirmaron que los dueños estaban ocultando cuerpos de forma intencionada para “camuflar la realidad” del brote en el centro. En otro caso, CC.OO. publicó un vídeo del personal que trabajaba para la empresa francesa Orpea, en el que los empleados hablaban de “encubrimiento, chantajes y amenazas” por parte de la gerencia de una residencia en la que oficialmente había solo un caso del virus, pero en el que los trabajadores creían que 16 residentes habían muerto en un brote que se había extendido durante 10 días.

Décadas de privatización y subcontratación han dejado a Madrid con solo 25 residencias de ancianos totalmente públicas (de un total de 426), mientras que una gran parte del resto del sector está dominada por un pequeño número de empresas. Una escasez crónica de personal y medios dieron como resultado que el servicio ya estuviera sometido a una carga excesiva antes de que comenzara la pandemia. En declaraciones a El País, Carmen López, del grupo de presión Marea de Residencias, explicó que “para [muchas de estas empresas] un anciano es un valor con el que especular. El personal [que contratan] está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios básicos”.

Décadas de privatización han dejado a Madrid con solo 25 residencias públicas (de un total de 426). Una gran parte del sector está dominado por un pequeño número de empresas

A medida que se propagaba el virus, los cuidadores se vieron obligados a improvisar, y comenzaron a utilizar equipos de protección caseros y a reutilizar las batas en múltiples ocasiones. La tasa de infección entre el personal alcanzó el 40%, y en total se calcula que un abrumador 10% de todos los ancianos que habitaban en las residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron por covid-19 a lo largo de los dos últimos meses.

Las personas a las que se podría culpar son muchas. El gobierno regional que dirige el Partido Popular (PP) no cumplió su temprana promesa de “medicalizar” las residencias, lo que habría permitido a los residentes recibir tratamientos de emergencia directamente en los centros. La respuesta de la Comunidad a la pandemia fue tardía, al igual que la del Gobierno central, y luego impuso una de las cuarentenas más estrictas de Europa. También se ha planteado el asunto de la negligencia criminal de algunas residencias concretas, que ha llevado a que la policía esté investigando a sesenta centros en Madrid.

No obstante, más allá de todos estos factores se encuentra una deficiencia sistémica. Desde comienzos de la década de 1990, Madrid ha servido de laboratorio neoliberal para la derecha española y de ejemplo práctico para el proyecto más amplio de una nueva España, con el resultado de un vaciado progresivo de los recursos y las capacidades del Estado. A la vanguardia de los que impulsaron este proyecto se encuentran el expresidente José María Aznar, la expresidenta de la Comunidad caída en desgracia, Esperanza Aguirre, y el multimillonario presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El fracaso catastrófico de las residencias madrileñas también ha demostrado el fracaso de su modelo de Estado.

El modelo de Aznar

Con el número de víctimas mortales en Madrid en constante aumento, el Gobierno de la Comunidad finalmente actuó el 9 de abril y decidió tomar el control de las 13 residencias en las que se concentraba el mayor número de muertes, entre las que se encontraba, junto a los centros propiedad de DomusVi y Orpea, el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Este centro, que está operado por Clece, una empresa que forma parte del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, ha despedido, solo el año pasado, a 3 cuidadores que denunciaron ante las autoridades la falta de suministros sanitarios básicos y unas condiciones de trabajo insalubres. Asimismo, los sindicatos denunciaron la reducción unilateral de los sueldos de los cuidadores de ese centro, y de los otros dos centros públicos que posee en la capital.

Florentino Pérez, que es más conocido a nivel internacional por iniciar la política de fichajes galácticos en el Real Madrid, ha convertido a ACS en una de las constructoras más grandes del mundo. De hecho, es la primera del mundo en términos de ingresos generados fuera del territorio de origen de la empresa. Y en el caso de Clece, su división de servicios, ninguna otra empresa se ha beneficiado más de la subcontratación y privatización de los servicios sociales en España. Además de las 61 residencias, administra guarderías públicas, servicios de limpieza y de catering para hospitales, albergues para personas sin hogar y para mujeres maltratadas, centros de día para personas discapacitadas, y emplea a miles de cuidadores para gestionar los servicios municipales de asistencia domiciliaria en ciudades como Madrid o Barcelona.

La lógica de este modelo de negocio está clara: mermar las condiciones de trabajo (de los empleados, que son en su mayoría mujeres) y la calidad de los servicios públicos básicos para obtener unos beneficios desorbitados. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg del extenso Grupo ACS, que, como muchas otras empresas de construcción e infraestructuras de España, se transformaron en actores internacionales gracias a la generosidad estatal durante el boom de la construcción anterior a 2008.

Tras salir elegido presidente en 1996, Aznar inició una reordenación del capitalismo español a través de una oleada de privatizaciones, de la expansión de los mercados de capital nacionales y de la creación de un nuevo motor de crecimiento para la economía, basado en las finanzas y la construcción. Sin embargo, como señala el sociólogo Rubén Juste en su libro IBEX 35, no se trataba solo de establecer una agenda de reformas promercado, sino que la ambición de Aznar se basó más bien en garantizar la hegemonía permanente de su modelo de Estado, un modelo que perduraría “a largo plazo, más allá de su presencia en el gobierno”. Con ese fin, adoptó una estrategia con una doble vertiente: por una parte, intentar generar un amplio consenso en torno a un modelo que prometía un acceso generalizado a la vivienda en propiedad y a una prosperidad individual y, por otra, conformar un nuevo bloque dominante entre la clase capitalista española, que giraría en torno al PP y dependería de su favoritismo.

Para las constructoras en particular, esta red de clientelismo significó poder acceder a dos recursos esenciales: contratos públicos y crédito siempre disponible (que llegaba a través de las cajas de ahorro regionales que estaban bajo control político). En el caso de Florentino, los proyectos faraónicos de obras públicas que emprendió el PP (autopistas, aeropuertos, redes ferroviarias para el tren de alta velocidad, etc.) supusieron la principal fuente de ingresos de la que se nutrió ACS. De forma paralela, Caja Madrid, que estaba controlada por el lugarteniente de Aznar, Miguel Blesa, financió todo el proceso, desde la compra de millones de acciones de ACS (que llevó a la Caja a convertirse en el principal accionista de la empresa) hasta la financiación de fichajes clave para el Real Madrid, como por ejemplo el polémico préstamo de 76 millones de euros que la Caja concedió al club para fichar a Cristiano Ronaldo. Esto se produjo además en un momento en que el crédito estaba congelado para la gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas.

Los parásitos españoles

En 2003, cuando Aznar entraba en el último año de su presidencia, cinco de las diez constructoras con mayor capitalización bursátil en Europa eran españolas, y ACS ocupaba el primer puesto. En una economía cada vez más desindustrializada, la construcción era un sector en el que España podía proyectar su poderío a nivel internacional, igual que en el fútbol. Y en el caso de Florentino, los dos estaban tan entrelazados y ejercían una fuerza tan irresistible que el palco del Real Madrid en el Santiago Bernabéu se convirtió en uno de los centros de poder e influencia de la ciudad de Madrid.

No obstante, antes incluso de que el estallido en 2008 de la burbuja inmobiliaria hiciera añicos la base del modelo de crecimiento español, las diversas modalidades de corrupción y clientelismo que se habían generado habían comenzado a erosionar las instituciones públicas del Estado. Las diferentes investigaciones criminales que se llevaron a cabo en relación con la entrega de sobornos a cambio de contratos, y que incriminaban directamente al PP (con el resultado de la encarcelación de varios antiguos ministros y 3 extesoreros del partido), representaron la manifestación más venal de esta situación. Aunque también estaba el asunto del abuso sistemático de los fondos públicos, sobre todo en relación con los proyectos de infraestructura de ámbito estatal, a través de los cuales las constructoras facturaron miles de millones de euros en sobrecostes innecesarios.

La remodelación de la M-30 de Madrid, en la que ACS figura como uno de los tres principales contratistas, representa uno de los ejemplos más flagrantes. El coste final, que inicialmente se había presupuestado en 2.500 millones de euros, ascendió a más del doble: 6.500 millones. Un informe publicado durante la presidencia de la posterior alcaldesa, Manuela Carmena, habló de “la connivencia (del anterior alcalde del PP, Alberto Ruiz-Gallardón) con las empresas contratadas para realizar las obras” y de “sobrecostes sin certificado o documento alguno que los justificara y millones de euros pagados por infraestructuras y servicios (de mantenimiento) que no existían o que nunca llegaron a completarse”.

Esa “connivencia” en algunos de los feudos del PP como Madrid era de carácter universal y constituyó una forma muy personal de gobernanza clientelar, hasta el punto de que Manolo Monereo llegó a describirla de forma memorable como la trama. Junto a esa descarada corrupción, había una red más amplia de favores políticos, puertas giratorias y lealtades de clase que vinculaban estrechamente al PP con actores económicos estratégicos, como por ejemplo los magnates de la construcción. Una dinámica parecida se podía claramente observar también en el PSOE, con otros circuitos diferentes del poder económico. Pero en Madrid, la estrecha alianza que habían labrado el PP y el sector de la construcción dio como resultado que estas empresas consiguieran controlar una gran parte de las infraestructuras de la Comunidad, al hacerse con la gestión de competencias y servicios clave.

Junto a esa descarada corrupción, había una red de favores políticos que vinculaban al PP con actores económicos estratégicos, como los magnates de la construcción

En el ámbito municipal, esto supuso la obtención de contratos de importantes servicios municipales (saneamiento, gestión de residuos, mantenimiento de parques, etc.) por parte de los sospechosos habituales (ACS y otras tres empresas constructoras: FCC, Ferrovial y Sacyr), mientras que en el ámbito comunitario las competencias transferidas de sanidad y educación fueron objeto de una mercantilización desastrosa.

La bonanza sanitaria

En cuanto a las consecuencias para el sistema sanitario, la inversión per cápita en el sistema público de salud de Madrid es hoy en día la menor de todas las comunidades de España, a pesar de ser la segunda más rica. Además, en 2017, el 60% de todo el gasto en sanidad pública terminaba en manos de proveedores privados. Un gran parte de todo esto es el legado de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, que aunque no consiguió acabar directamente con la idea de la prestación pública universal (por su amplia popularidad), sí pasó casi una década debilitando la capacidad asistencial de la sanidad pública.

Uno de sus récords más absurdos fue que a pesar de haber construido 11 nuevos hospitales para el sistema público, mediante iniciativas de financiación privada (IFP), la comunidad terminó disponiendo de menos camas per cápita que antes de que comenzara la expansión en 2004, porque había plantas y hasta alas enteras que permanecían vacías. El primero de estos proyectos de colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, que fue construido por una de las filiales de ACS y que también obtuvo un contrato a 30 años para administrar las instalaciones y gestionar todos los servicios no médicos. Eso hasta que Florentino vendió su participación en 2014 a un fondo de inversión holandés por 44 millones de euros. Las otras constructoras que participaron en estas IFP fueron Sacyr, FCC y OHL, y todas están implicadas en los casos de sobornos al PP.

El primero de estos proyectos de colaboración público-privada fue el Hospital Puerta de Hierro, construido por una de las filiales de ACS

Cuando sobrevino la pandemia del coronavirus, se descubrió que el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba pagando por 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro que no existían. El hospital nunca llegó a entregar el número de camas que había prometido, aunque sí siguieron contando para calcular la financiación pública que estaba recibiendo. En otros 7 hospitales públicos de gestión privada se produjeron situaciones similares, y la investigación de eldiario.es reveló que otras 250 camas en estos centros nunca se habían materializado. Según un informe de Podemos que se encuentra en manos de la fiscalía, Madrid podría llegar a malgastar hasta 3.000 mil millones de euros salidos de los fondos públicos para cuando se terminen en 2035 los actuales contratos con las concesionarias. Sin embargo, Madrid cuenta con 6.000 profesionales de la salud menos que en 2007, como consecuencia de la austeridad.

Según explica la médica y diputada de Más País, Mónica García: “Esto han sido millones y millones que nos hemos ido dejando por el camino [con las IFP] y que ahora [en la pandemia] obviamente los echamos de menos… Esta es la parasitación de la privada dentro de la sanidad pública”.

Una relación igualmente parasitaria resulta evidente en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, donde una gran mayoría de los 400 centros privados se financia principalmente con fondos públicos. Como señala el periodista Manuel Rico, la Comunidad de Madrid ofrece solo 55 euros por día y residente, y por eso solo los grandes proveedores con las necesarias economías de escala pueden competir por los contratos. A cambio, sin embargo, escatiman y “ahorran cada céntimo, en comida, suministros y personal”.

En el barrio obrero de Leganés, las consecuencias de esta búsqueda desaforada por obtener beneficios ha resultado ser particularmente trágica, ya que 96 personas han fallecido en uno de los centros que gestiona una multinacional cuya sede se encuentra en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Durante los tres últimos años, ese centro obtuvo unos beneficios netos de 1 millón de euros, que enviaba a una de sus empresas inscritas en paraísos fiscales, mientras las familias protestaban continuamente por la calidad del cuidado que sus seres queridos estaban recibiendo.

El desafío próximo

La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la crueldad del modelo asistencial madrileño, aunque a pesar del escándalo público que se ha levantado por el caos de las residencias de la Comunidad, para comenzar a cambiarlo haría falta enfrentarse a un bloque de poder económico muy arraigado, del que Florentino Pérez es la cara más visible. El alcance de este bloque tampoco se limita solo a la capital, puesto que la privatización y subcontratación son algo generalizado en el sector sanitario del conjunto del país, aunque su implementación se haya llevado a cabo de una forma desigual.

Cualquier respuesta que se dé a los fallos sistémicos de la crisis de la covid-19 se enfrenta a varias limitaciones. En Madrid, por ejemplo, la derecha sigue estando en el poder y eso restringe cualquier tipo de reforma del sistema de residencias o la admisión de una disfuncionalidad generalizada en las competencias transferidas del sistema sanitario. Sería posible aprobar normas más estrictas y llevar a cabo inspecciones más rigurosas, pero la tarea de limitar la influencia que ejerce este bloque oligárquico sobre el Estado español recaerá en la actual coalición PSOE-Podemos de ámbito nacional.

En las últimas semanas, el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ha propuesto renacionalizar los gigantes energéticos, que son otros de los principales actores de la red clientelar que estableció Aznar, así como introducir un impuesto a las grandes fortunas. También ha liderado el impulso para lograr una serie de importantes medidas sociales, a pesar de las dudas que muestran algunos de sus compañeros de gobierno del PSOE. Entre estas medidas está un ingreso mínimo vital que beneficiaría a casi 5 millones de personas de entre las más vulnerables de la sociedad.

Aun así, parece poco probable que, desde su posición como socio menor de la coalición, pueda avanzar el proyecto de estado alternativo al régimen neoliberal español que articuló de forma tan enérgica durante su primer asalto institucional en 2014-15. Si el fracaso de la asistencia en las residencias de ancianos de Madrid indica la necesidad de realizar cambios estructurales en el conjunto del Estado, estos cambios no van a venir de un gobierno del PSOE liderado por un oportunista político como Pedro Sánchez. Sin embargo, aunque existiera voluntad política, la creciente internacionalización del capital en España desde 2008, que dio como resultado que Blackrock se convirtiera en el principal accionista de ACS y que los fondos de inversión extranjeros se introdujeran en los servicios sociales y sanitarios, hace que el equilibrio de fuerzas sea todavía menos favorable ahora que estamos entrando en una nueva crisis.

Eoghan Gilmartin (Jacobinmag) 10/05/2020

Hay que ser jeta, Teodoro

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido a Pedro Sánchez, que "no se equivoque de enemigo” porque “para los gobiernos del PP el enemigo es el virus”. Le pide a Pedro Sánchez “que no genere odio en este momento ya que no conseguirán nada que ayude a los españoles”. Y -no se lo pierdan- ha añadido que “uniendo fuerzas, saldremos mucho antes de la crisis sanitaria y económica; separando y generando odio como está haciendo el Ejecutivo, dice, no conseguirán nada que ayude a los españoles”.

Todo ello gracias a un tuit del PSOE en el que se tildaba de "ineficaz e irresponsable" la actuación de la presidenta de Madrid con el Covid-19. La paja y la viga.

Gracias a ese tuit hemos ratificado la infinita cara dura de los dirigentes del PP, que desde el inicio de la pandemia se han equivocado de enemigo, porque, para “populares” como García Egea, el enemigo ha sido siempre el Gobierno de Pedro Sánchez y no el virus. Desde el inicio de la pandemia, el PP ha generado odio en las instituciones, en todas sus comparecencias y en las redes sociales, y con esa actitud no han ayudado nada a los españoles. 

Colma la desvergüenza apelar a la unidad cuando el PP ha hecho gala de una deslealtad irresponsable con el Gobierno de España, ha quebrado una y mil veces esa unidad de la oposición que ha brillado en otros países y también en la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ha contado siempre con el apoyo del PSOE. Por el contrario, el PP y Vox han mostrado como único objetivo dañar al gobierno sin limitación alguna en los actos, las decisiones y mucho menos las palabras.

Hay que ser jeta, Teodoro.

elObservadorDCLM

Díaz Ayuso, desarmada y peligrosa

Nada bueno de la gestión de Madrid, en manos de PP y Cs gracias al apoyo de Vox, dice la dimisión de su responsable de Sanidad Pública, Yolanda Fuentes, en pleno azote de la pandemia del coronavirus. Peor aún pinta el asunto si el motivo es, como avanzaba ayer, que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sus adláteres han primado la economía sobre la salud del pueblo madrileño. Al ministerio de Sanidad no debería temblarle la mano lo más mínimo a la hora de anclar a Madrid en la Fase 0.

El despropósito de Díaz Ayuso es colosal. Imaginen que la Comunidad Autónoma más castigada por el COVID-19 sea la última en presentar la documentación a Sanidad para solicitar su paso a la Fase 1 de la desescalada; que dicha documentación sea vaga, carente de la información que se precisa y sin autoría. Eso podría resumir perfectamente la gestión de la presidenta que, cuando montó el guateque de desmantelamiento del mayor hospital de España, el de campaña levantado en IFEMA, dijo que le daba pena.

Si a este resumen, además, le añadimos la dimisión de Fuentes y las declaraciones posteriores de Díaz Ayuso asegurando que hace tiempo que no habla con la que hasta ese punto era la máxima responsable de la Sanidad Pública de Madrid, ¿qué tenemos? Pues todos los ingredientes para que el ministerio de Sanidad rechace la solicitud de Madrid, con la más que previsible reacción de Díaz Ayuso y su segundo de abordo, Ignacio Aguado, hablando de ataque al pueblo de Madrid por parte del Gobierno de España por una cuestión de colores políticos.

El problema de esa posible acusación es que las cifras no la avalan, de ahí la dimisión de Yolanda Fuentes, que por una cuestión de profesionalidad y honestidad no ha podido firmar un informe infame que pone en peligro a toda la ciudadanía madrileña. No es el ministerio quien ataca al pueblo de Madrid, sino la misma Díaz Ayuso. Bajo su gestión, las residencias de mayores dependientes de su gobierno han sido una auténtica carnicería, superando ya las 60 investigaciones por parte de la Fiscalía, muy por delante de Catalunya.

No se trata de una cuestión de color político y la prueba de ello es posible encontrarla en el alcalde, el tambien popular José Luis Martínez-Almedia, cuya valoración política ha ganado muchos enteros por el modo que ha gestionado la crisis del coronavirus y la lealtad institucional, no exenta de crítica constructiva, que ha mantenido con el Gobierno central. Se trata de una cuestión de salud pública y, hoy por hoy, sin ningún atisbo de duda, es posible afirmar que Díaz Ayuso y el equipo servil que la rodea, son un peligro para ella. Y aviso a navegantes: si el ministerio de Sanidad concede el pase a la Fase 1, asume con ello toda la responsabilidad de lo que suceda y, en ese punto, Pedro Sánchez ya no podrá entonar el recurrido "a toro pasado todos somos Manolete".

Versión demagógica de lo de Madrid: Confinados en chaletes con piscina convencen a Ayuso de que los curritos hacinados en pisos de 65m2 deben ir a salvar sus negocios jugándose la vida.

LOS SUELDOS VITALICIOS EN ESPAÑA

Pensamiento e ideología adelantada a su tiempo

KARL MARX

1818 - 1883
Tal día como hoy nació en 1818 uno de los pensadores más grandes de la historia, alguien cuya obra es ineludible para comprender nuestro mundo y el capitalismo. Y también imprescindible para transformarlo.

Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx: desde la Revolución rusa de 1917, y hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento.

Contra lo que pudiera parecer, el fracaso y derrumbamiento del bloque comunista no habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones de su obra y contra la praxis revolucionaria de líderes que el filósofo no llegó a conocer, y de los que en cierto modo se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. Ciertamente fallaron sus predicciones acerca del inevitable colapso del sistema capitalista, pero, frente a los socialistas utópicos, apenas se interesó en cómo había de organizarse la sociedad. En lugar de ello, Marx se propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y revelaba las perversiones e injusticias intrínsecas del sistema capitalista.

En tal análisis, fecundo por los desarrollos posteriores y vigente en muchos aspectos, reside el verdadero valor de su legado. En cualquier caso, es innegable la altura de sus ideales; nunca ambicionó nada excepto "trabajar para la humanidad", según sus propias palabras. Y, refiriéndose a su libro El capital, dijo: "Dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco".

Las lecciones del coronavirus

No sé cuánto tiempo recordaremos las lecciones del coronavirus, pero algunos deberíamos hacer lo posible para que nuestra sociedad no las olvide

Mucho se está hablando de cómo nos cambiará la vida en el periodo postpandemia. 

Que si el distanciamiento social, el fin de los actos de masas, el abandono de las ciudades, el teletrabajo… Pero yo quisiera enumerar todos los errores de nuestro modo de vida que han quedado en evidencia. Algunos son muy evidentes, se han señalado mucho y no merecen mayor reflexión, pero otros no tanto. Veamos:

Lo público frente a lo privado: Es evidente que solo el criterio no mercantilista de la gestión de lo público conlleva el mínimo de sentido social y humano para enfrentar una pandemia. La búsqueda de rentabilidad comercial, el ánimo de lucro mediante la especulación y el recorte de los servicios públicos se ha mostrado incompatible con salvar a la humanidad.

La eficacia del centralismo: Supongo que será controvertido, pero mi opinión es que solo un centralismo que escuche y deje participar a todas las voces, pero bajo un mando único, puede lograr redistribuir de forma justa los recursos existentes, planificar de manera eficaz la producción o negociar la adquisición de los recursos que no se tienen y recoger de forma eficiente los datos necesarios para estudiar la evolución de la pandemia. Es evidente que nuestro país no ha sido un ejemplo de ello.

La soberanía productiva: Dos meses después del inicio de la pandemia, España sigue siendo incapaz de producir en cantidad suficiente mascarillas higiénicas de material tan barato que apenas cuesten 10 céntimos. Tampoco tenemos ni los reactivos ni los laboratorios para todos los tests de diagnóstico necesarios. Las políticas de limitación de precios no son del todo la solución, porque el problema de fondo es que se trata de productos que no somos capaces de disponer, como las mascarillas. Descubrimos que tampoco contamos con suficientes trabajadores para recoger las cosechas. También podemos comprobar que nuestro gobierno no dispone de una soberanía monetaria para enfrentar la crisis económica que se avecina.

La elección de lo que se produce: Este asunto tiene relación con el anterior. Nuestras empresas textiles pueden hacer vestidos de moda para todos los ciudadanos pero no mascarillas. Ahora hemos podido saber que tanques como el modelo Leopard 2E que tiene el Ejército de Tierra del Estado español cuestan 10 millones de euros, recursos con los que se podrían adquirir 440 respiradores (a un precio de 23.000 euros cada uno). Cada disparo de este tanque implica un gasto de 3.000 euros, imaginen los tests que se podían hacer. Alguien dirá que no se podía saber que íbamos a necesitar respiradores, tampoco parece muy claro que necesitáramos tanques o misiles y los estábamos fabricando. Efectivamente ha sido fundamental el papel del ejército, concretamente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pero a esa unidad UME solo dedicamos un 0,32% de del gasto de nuestra Defensa, el 99,68% de nuestro dinero para militares no lo hemos usado ni nos servía para esta situación de alarma y pandemia.

Las políticas laborales: Hemos comprobado que profesionales que, sencillamente, ni veíamos, como un barrendero, una cajera o un camionero son fundamentales para nuestra supervivencia. En cambio la ausencia de directivos y altos ejecutivos de empresa durante la pandemia ha resultado imperceptible en muchos sectores. Pero hay algo más. Es evidente que hemos necesitado más personal sanitario para enfrentar esa crisis. Cuando acabe esto, ¿qué haremos con los sanitarios que ya no necesitemos? ¿Los despedimos después de aplaudirles todos los días a las ocho de la tarde? ¿Ya no necesitan comer hasta que venga otra pandemia? Sólo una sociedad de pleno empleo está legitimada moralmente para poder decir que ha reconocido el trabajo de sus profesionales, porque les garantizó su subsistencia con pandemia y sin pandemia.

Lo importante en la agenda de actualidad: Vale la pena recordar por lo que estábamos discutiendo los ciudadanos, los políticos y los medios antes de la pandemia y observar su irrelevancia cuando vino el coronavirus. Como siempre sucede en la vida, las grandes tragedias nos recuerdan lo absurdo de los temas que hasta entonces nos preocupaban.

Los amigos y no amigos en el mundo: Recordemos que nuestros socios prioritarios son los países del resto de la Unión Europea y Estados Unidos, así como la OTAN. Sin embargo, fueron médicos cubanos los que atendieron enfermos en media Europa, mascarillas donadas por China las que llegaron por millones, tropas rusas las que circularon por Italia con material médico y especialistas. Mientras sucedía eso, los países de la UE se peleaban por el dinero del BCE, el presidente Trump decía que había que inyectarse desinfectante para curarse y mantenía las sanciones precisamente a los países que nos estaban ayudando y de la OTAN nadie supo nada, seguía gastando nuestro dinero no sabemos bien en qué.

No sé cuánto tiempo recordaremos estas lecciones, en realidad no sé cuánto tiempo tendremos el coronavirus entre nosotros recordándonoslas, pero algunos deberíamos hacer lo posible para que nuestra sociedad no las olvide. Ya hemos observado lo caro que nos está costando.

Por Pascual Serrano | 02/05/2020 | Mentiras y medios

Fuentes: El diario

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