La empresa que canaliza el negocio de alquiler turístico y corporativo de Room Mate, tiene como socio único a una sociedad en Holanda a la que debe 7,8 millones; en 2015, el Gobierno de Rajoy le prestó 3,4 millones
Una empresa holandesa como principal fuente de financiación y socio único y 3,4 millones de euros en créditos concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Son algunos rasgos distintivos de Be Mate Community SA, la deficitaria firma que centraliza el negocio de alquiler de apartamentos de Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, el empresario que ha cedido dos pisos de lujo en el centro de Madrid a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cambio de un módico alquiler de 80 euros al día.
Domiciliada en Madrid, esta empresa figura en los registros de la Oficina de Patentes y Marcas como la propietaria de la marca Be Mate, que desarrolla el negocio de alquiler turístico de la cadena Room Mate, que no ha querido atender a eldiario.es. Be Mate Community SA es, según sus cuentas, la dueña del 100% de las acciones de Be Mate Corporate SL, que a su vez lleva la pata de alquiler de viviendas para empresas. Creada hace dos años, esta última nunca ha presentado cuentas.
Be Mate Community SA se constituyó en 2014. Desde entonces, según el Registro Mercantil, su socio único es una sociedad domiciliada en Amsterdam, B Mate Community BV. Sin ningún empleado, según la información disponible en Insight View, su administrador es Víctor Manuel Cintrano, el consejero delegado de Room Mate.
El uso de sociedades instrumentales en Holanda está en el epicentro de la denuncia que presentó la Fiscalía de Madrid a finales del año pasado contra Sarasola y varios miembros de su familia por un fraude de 4,2 millones a la Hacienda española.
Las últimas cuentas disponibles de Be Mate Community SA son de 2018. En ellas explica que su principal actividad en ese ejercicio consistió "en la prestación de servicios de alojamiento y hospedaje de inmuebles" que alquila, "así como la obtención de comisiones derivadas de la intermediación en alquileres de apartamentos turísticos".
Pérdidas desde su creación
La fotografía que dejan esas cuentas es la de una empresa deficitaria, con unos números rojos de 2,3 millones en 2018 y una facturación de 2,2 millones. La sociedad, que "ha incurrido en pérdidas de explotación desde su creación en 2014", cerró 2018 con un fondo de maniobra negativo de 3,23 millones y un patrimonio neto negativo de 7,67 millones.
Para solucionar ese desequilibrio patrimonial y evitar la disolución, el pasado 20 de diciembre su accionista holandés tuvo que aportarle un nuevo préstamo participativo de 3.151.600 euros, lo que eleva a más de 7,8 millones los créditos que le ha concedido esa firma con sede en Amsterdam desde 2014.
Al apoyo financiero de su socio holandés se suman varios créditos del Estado por importe de 3,45 millones que Be Mate Community SA recibió en el año 2015 y de los que a cierre de 2018 tenía pendiente de devolver 3,1 millones.
Como explica en sus cuentas, en septiembre y octubre de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entonces dirigido por José Manuel Soria, concedió a Be Mate tres préstamos "destinados a la financiación y potenciación de la actividad de la Sociedad por un importe total de 3.000.000 euros" a un tipo de interés de entre el 0,95% y el 0,967% y con vencimiento en 2020.
A cierre de 2018, solo se habían amortizado 333.333 euros, correspondientes a uno de los créditos. "Para los otros dos préstamos de 1.000.000 de euros cada uno, la Sociedad no ha realizado ninguna amortización en 2018, recibiendo una autorización de fecha 9 de abril de 2019 de la Delegación de Economía de Hacienda de Madrid de aplazamiento de pago de importe de principal e intereses por cuantía de 342.833 euros, cada uno, cuyo período de pago comprende desde julio de 2019 a junio de 2020 en mensualidades constantes".
"Por tanto, el saldo pendiente al 31 de diciembre de 2018 en concepto de estos préstamos asciende a 2.685.667 euros, con un devengo de intereses de 40.564 euros". A esos tres créditos del Estado se suma un cuarto concedido un mes después (noviembre de 2015) por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), también adscrita a Industria, por importe de 450.000 euros, vencimiento en diciembre de 2021 y un tipo de interés más elevado, del 5,5%, del que se habían amortizado 112.500 euros a cierre de 2018.
La cadena Room Mate desarrolla su actividad de alquiler de apartamentos a través de la marca Be Mate, y la pata de alquiler corporativo se canaliza a través de Be Mate Corporate. "Somos especialistas en empresas y nos encargamos de la gestión de alquiler temporal de pisos y apartamentos cubriendo las necesidades de travel managers, autónomos, PYMES, agencias de viajes, grandes empresas y propietarios", explica en su web.
Uno de sus clientes es la socimi Home Capital Rentals, la socimi impulsada por la familia Polanco a través de su fondo de inversión Qualitas, y que en marzo pasado, cuando ya había estallado la crisis del coronavirus, salió a cotizar al mercado alternativo bursátil (MAB). La empresa de Sarasola se encarga de explotar para Home Capital un inmueble con 19 apartamentos en la calle Blasco Garay de Madrid mediante alquileres de media estancia para clientes corporativos.
El apellido Sarasola poblaba con frecuencia durante los años ochenta las páginas de la prensa del corazón. Los Sarasola eran una de las familias que representaba la España del pelotazo, vinculada sin ninguna discreción al PSOE de Felipe González. Pero, como muchos de los grandes empresarios de la época, la espuma de las olas se convirtió en marea agitada cuando el patriarca, Enrique Sarasola Lerchundi (fallecido en 2002), se vio involucrado en los casos Croesus y Pincinco, que investigaron el desvío de fondos de Grupo Torras procedente de KIO, entre otras operaciones.
Mantenía relaciones personales y profesionales con la crema empresarial del momento: los Albertos, Cortina y Alcocer; el también fallecido dueño de VIPS, Plácido Arango, y, cómo no, Javier de La Rosa también pasó por su vida hasta que fue condenado a pena de prisión por el caso Torras.
Enrique Sarasola Lerchundi murió con el juicio aún en marcha pero, una vez hubo sentencia, el Grupo Torras reclamó a sus herederos la responsabilidad civil más intereses; en total, casi 40 millones de euros. Su viuda, la colombiana Cecilia Maralunda Ramírez, y sus hijos, Enrique (Kike) y Fernando Sarasola Maralunda, trataron de renunciar a la herencia para eludir el pago, pero en 2017 el Tribunal Supremo dio la razón a Torras y ratificó el embargo cautelar (preventivo) de acciones e inmuebles de la familia para cubrir dicha responsabilidad, incluidos los bienes de Azulintas BV, una sociedad con sede en el semiparaíso fiscal de Holanda. Se desconoce si la deuda ha sido cancelada a día de hoy.
Precisamente por la herencia de Sarasola Lerchundi, su mujer y sus hijos están imputados por evasión fiscal. Pero al no haber aún sentencia firme -están a la espera de la decisión del Tribunal Supremo-, todavía pueden contratar con la Administración pública, algo que se ha puesto en cuestión en el caso del contrato 'fantasma' por más de medio millón de euros que habría suscrito la Comunidad de Madrid con Room Mates para poder hacer uso de dos hoteles medicalizados durante la crisis de la Covid-19.
A la espera de la resolución del Supremo, sobre Kike y Fernando pesa la petición de cuatro años de cárcel y una multa de 916.452,10 euros a cada uno por el impuesto de sucesiones; y sobre su madre, una multa de 10 millones de euros por haber defraudado 2.379.758,53 euros por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en 2002.
Público ha consultado con fuentes de Hacienda y del mundo de la asesoría fiscal y todos coinciden en que la entidad que se contrataría en este caso es Room Mate SA, que no tiene problemas penales de índole fiscal. Por otro lado, la sentencia no es firme, así que salvo recomendación en contra de los códigos deontológicos del PP o de la Comunidad de Madrid, legalmente Kike Sarasola sí podría acceder a un contrato público.
De hecho, los políticos tampoco tienen ningún problema en fotografiarse con él. Su padre era estrechamente cercano a Felipe González y Kike Sarasola ha sabido mantener la relación con el ex presidente del Gobierno. El origen de la relación entre su padre y González es anterior al Congreso de Suresnes, celebrado a mediados de los setenta, cuando Sarasola padre conoció a un joven Felipe González que acudía a la sede clandestina del PSOE, situada en un edificio de la calle Goya donde el empresario también tenía su oficina.
Después se atribuye a Enrique padre haberle construido la sede de la calle Ferraz a los socialistas, además de otros estrechos y oscuros vínculos que relata el periodista Ramón Tijeras
En momentos recientes, la cercanía de Kike Sarasola a la élite política ha quedado evidenciada con el trato especial que le ha dispensado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero antes de las elecciones generales de 2015, el empresario no tuvo problema en publicitar una cena con el entonces candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera.
Curiosamente este círculo exclusivo de amigos empresarios y políticos que Kike Sarasola heredó le ha llevado a verse mencionado en procedimientos judiciales como la causa Tándem, contra el comisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales acusados de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsificación de documentos.
El comisario Villarejo, ahora jubilado, no perdió la oportunidad desde su supuesta excedencia en la Policía, a principios de los ochenta, de trabajar con empresarios que formaban parte de este círculo empresarial, como José Luis Alcocer (hermano de Alberto Alcocer, primo de Alberto Cortina, socio de Sarasola, que tenía de secretaria a Longoria, mujer de Adrián de la Joya y cuñada de El Assir), a la sazón socio de Enrique Sarasola Lerchundi y más aún del también imputado en Tándem Adrián de la Joya.
En el caso Tándem, que se instruye en la Audiencia Nacional, el nombre de Sarasola aparece en el oficio de 22 de enero de 2019 sobre la pieza del BBVA, confeccionado por Asuntos Internos con la documentación incautada en los registros a Villarejo. Está dentro de una subcarpeta informática llamada "GON", de la que Asuntos Internos escribe: "Contiene dos documentos Word, dieciocho documentos de texto y un documento denominado GON- Sarasola-6.2.96 que no se puede abrir".
Asimismo, el nombre completo de Enrique Sarasola Marulanda aparece en la línea 523 del cuadro de excel de "keywords" (palabras a buscar en los servidores de BBVA) que elaboró Price Waterhouse Coopers en el contexto de su informe forense para BBVA: de acuerdo con sus explicaciones, PWC seleccionó conceptos y nombres basándose en la frecuencia con que salían en artículos de prensa y documentos encontrados en BBVA. En la línea mencionada, Enrique Sarasola Marulanda aparece relacionado con las dos palabras "grupo hostil" , en referencia al supuesto "grupo hostil" conformado por Del Rivero, Sebastián, Arenillas y José Domingo Ampuero, que según Villarejo formaban el objetivo a batir cuando fue contratado por el banco presidido por Francisco González en diciembre de 2004.
Una empresa de Fernando Sarasola, en el caso Gao Ping
Su hermano, Fernando, también ha aparecido citado en la causa contra la mafia china de Gao Ping, en la que asimismo estuvo imputado el comisario Carlos Salamanca, al igual en Tándem. La UDEF incluyó como "uno de los grupos más prolíficos" en sus relaciones con la organización para repatriar capitales dirigida por Gao Ping a Grupo Salermar 98 SL, presidida por Fernando Sarasola Marulanda, más conocido en la prensa del corazón como Gigi.
Tenía sede en Génova, 15, y su identificación se propició por las escuchas ordenadas por el juzgado. No obstante, el nombre de Fernando Sarasola no fue incluido en los oficios, solo el del apoderado José Antonio Gil González. Su hermano, Kike, ha declarado en varias ocasiones que rompió toda relación con las empresas vinculadas a su hermano ya en 2005. José Antonio Gil Gónzalez fue apoderado de Room Mate SA hasta abril 2006, siempre según fecha de publicación de su cese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Patricia López / Pilar L. Glez. De Lara - Público 13/05/2020
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