Infierno actual para los residentes… y paraíso inversor para los grandes grupos geriátricos desde hace dos décadas. Los Gobiernos del PP han aplicado una decidida política de favorecimiento del sector privado. Por una doble vía: poniendo en sus manos un número creciente de geriátricos y trasvasando a las empresas cuantiosos fondos públicos.
infoLibre ha analizado la propiedad y los ingresos de origen público de las 474 residencias que están actualmente operativas en Madrid y las principales conclusiones son las siguientes:
Los doce principales grupos gestionan 135 residencias, es decir, el 28% del total.
Esos doce grupos –11 sociedades mercantiles y la asociación Mensajeros de la Paz– se quedan con el 64% del dinero público destinado a financiar plazas en los geriátricos madrileños. De nuevo, una llamativa desproporción: con el 28% de centros acaparan el 64% de los euros que salen de las arcas de la Comunidad.
Los tres principales grupos en Madrid –Orpea, Amavir y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de las residencias que tienen en la región. Suman 61 centros y sólo cinco son privados.
Este periódico explica a continuación cómo funciona el modelo de gestión de los geriátricos aplicado por todos los Gobiernos del PP –desde Alberto Ruiz-Gallardón hasta Isabel Díaz Ayuso– y detalla después quiénes son esos doce grandes grupos, cuántas residencias tiene cada uno y qué ingresos de origen público reciben.
Pero antes de entrar en esos dos grandes bloques, es necesario realizar un par de aclaraciones metodológicas. Se ha considerado que son grandes grupos aquellos que cumplen dos requisitos al mismo tiempo: tener al menos cuatro residencias e ingresar más de cinco millones al año de procedencia pública. Una vez obtenidos todos los datos sobre residencias y facturación, infoLibre se puso en contacto con las once empresas y la asociación para confirmar que la información era correcta. Nueve grupos contestaron con transparencia a las preguntas planteadas, dos se limitaron a señalar que la información era pública (Aralia y Ballesol) y uno no respondió (Los Nogales).
EL MODELO RESIDENCIAL DE MADRID
Es habitual a la hora de hablar de los tipos de geriátricos hacer una división entre públicos y privados. Pero, a la hora de analizar las concesiones de la Administración a las empresas o la financiación de los centros, es necesario hilar más fino. Entre otras razones porque hay residencias públicas de gestión privada y también porque existen concesiones que tienen condiciones muy diferentes (por ejemplo, plazos de cinco años o de 50). Así que, en el caso de la Comunidad de Madrid, hilar fino supone distinguir al menos entre cinco tipos de centros: los públicos puros, los públicos de gestión privada, los del llamado Plan Velocidad, los privados con plazas concertadas y los puramente privados. Veámoslo.
1. RESIDENCIAS PÚBLICAS: 25
De los 474 geriátricos operativos a día de hoy –la Comunidad habla oficialmente de 475 porque incluye un centro en Las Rozas que está registrado pero aún no ha abierto ya que está pendiente de una licencia municipal–, sólo hay 25 de titularidad pública y gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Es decir, el 5,3% del total.
Entre esas residencias se encuentran algunas de las más grandes de la región, lo que hace que en conjunto tengan 6.258 plazas, según los datos de ejecución presupuestaria de 2018 presentados por el Gobierno autonómico. En número de plazas, por tanto, los 25 centros AMAS gestionan el 12,1% del total.
Hay que señalar que ese número lleva años completamente estancado. En 2014, por ejemplo, las plazas residenciales de los centros AMAS eran 6.244. O sea que la cifra se incrementó en un 0,22% en los últimos cuatro años.
2. RESIDENCIAS DE GESTIÓN INDIRECTA: 18
Son aquellos centros propiedad de la Comunidad pero gestionados por empresas privadas. Hay 18 y, de ellos, 16 están en manos de alguno de los doce grandes grupos: 4 de Aralia, 3 de DomusVi, 3 de Mensajeros de la Paz, 3 de Albertia, 2 de Clece y 1 de Amavir. Los otros dos los llevan Sacyr Social y Grupo 5.
Las adjudicaciones se realizan mediante concursos a los que, como norma, ya sólo se presentan este tipo de grupos –no pequeñas empresas– y con contratos de gestión de servicios que suelen durar inicialmente un máximo de seis años, aunque son prorrogables hasta alcanzar los 20.
La Comunidad de Madrid paga una cantidad anual por todas las plazas de las que dispone el centro, estén o no ocupadas. A cambio, tiene derecho a designar a las personas que residirán en el geriátrico respectivo, una vez que se le ha reconocido al usuario una prestación al amparo de la Ley de Atención a la Dependencia.
En total, existen 2.668 plazas de este tipo –que en los Presupuestos a veces se denominan “plazas residenciales propias”– y las empresas adjudicatarias facturan en conjunto a la Administración autonómica unos 57 millones de euros (53,4 de ellos los grandes grupos).
3. RESIDENCIAS DEL PLAN VELOCIDAD: 32 + 2
Son geriátricos construidos por empresas privadas, en suelo público, bajo el régimen de concesión administrativa por un periodo de 50 años. Existen 32 centros del Plan Velocidad y 30 están en manos de alguno de los doce grandes grupos: 17 de Amavir, 6 de Orpea, 4 de DomusVi, 2 de Ballesol y 1 de Los Nogales. Los dos restantes los gestionan Ilunion y Sergesa.
Este Plan, quizá la mayor apuesta por la privatización de residencias en Madrid, se aprobó en tres fases en los años 2001 y 2002, cuando el presidente de la Comunidad era Alberto Ruiz-Gallardón. Entre otras características, tal y como se detalla en un informe de fiscalización de 2014 realizado por la Cámara de Cuentas [puedes consultarlo aquí], destacan las siguientes:
Los adjudicatarios construirán los centros y los explotarán en régimen de concesión de servicio público durante 50 años.
De las 32 residencias, 26 se construyeron en suelo cedido por los Ayuntamientos y seis en solares de la Comunidad.
Todos los geriátricos tienen 180 plazas (salvo Cenicientos y Estremera que cuentan con 82).
La Comunidad de Madrid garantiza durante los 50 años la financiación total del 22% de las plazas de cada residencia y la financiación parcial del 13% de las plazas. Pagará, además, estén o no ocupadas esas plazas concertadas. El resto son de libre disposición del concesionario, aunque tiene que comercializarlas a un precio tasado que establece la Comunidad. Ese precio se fija a la firma de cada contrato y se va renovando según el IPC. En 2020, según indica la Consejería de Políticas Sociales, el importe medio de la plaza privada de precio tasado es de 1.750 euros al mes.
Transcurrido medio siglo, cuando finalice el periodo concesional, la residencia y el suelo pasan a ser propiedad de la Administración.
Respecto a la diferencia en el régimen económico de las plazas, hay que señalar que en las de financiación total el usuario paga una cantidad a la Administración autonómica que se determina en función de su capacidad económica y la Comunidad abona la totalidad del coste a la empresa que presta el servicio. En las de financiación parcial, en cambio, el usuario abona en torno al 60% del coste de la plaza directamente a la empresa que lleva el geriátrico y la Comunidad le abona el 40% restante.
En definitiva, el Gobierno del PP le garantizó a las empresas privadas que recibieron la concesión que recibirían dinero público durante medio siglo y que el suelo –en Madrid uno de los elementos más caros en la construcción– lo pondrían las Administraciones.
Además de estos 32 geriátricos del Plan Velocidad, hay que mencionar otros dos que cuentan con una concesión de características similares, pero adjudicados con anterioridad. Se trata de un centro de Amavir en Leganés, cuyo contrato se firmó en 1993 –en la última legislatura con el PSOE en el Gobierno madrileño– por un periodo de 50 años, y otro de DomusVi en Coslada, adjudicado en 1996 por un periodo concesional de 40 años.
En total, estas 34 residencias reciben anualmente de las arcas de la Comunidad alrededor de 54 millones de euros (51,4 de ellos los doce grupos principales)
4. RESIDENCIAS CONCERTADAS: 127
Se trata de residencias privadas con las que la Comunidad contrata un determinado número de plazas para que atiendan a personas mayores con derecho a asistencia residencial. Son las llamadas plazas concertadas.
La práctica totalidad de plazas concertadas en la Comunidad se rigen por el Convenio Marco de 2017, que cubre tanto las de financiación total como parcial. En este momento, hay 127 geriátricos con plazas concertadas. La Administración financia en ellos unas 9.600 camas al año, de ellas cerca del 40% de forma parcial, en las que la aportación mínima del usuario son 950 euros y la máxima 1.504 euros.
El precio por plaza y día que paga la Comunidad es de 56,69 euros en los casos de financiación total y 24,21 euros en los de financiación parcial (IVA incluido). En conjunto destina unos 149 millones a este concepto, de los que 61,2 millones van a la caja de los doce principales grupos.
El Convenio Marco autoriza un número máximo de plazas que se pueden concertar en cada centro, a partir de la oferta que realizan las empresas. Esa oferta está directamente relacionada con la demanda de particulares que exista en la zona. Si hay mucha, ofrecen menos plazas a la Administración. Luego, cada año, la Comunidad contrata un número determinado de plazas respetando siempre el máximo autorizado.
En las residencias conviven, por tanto, personas con plazas concertadas y otras totalmente privadas. Pero la ley prohíbe establecer diferencias entre ellas a la hora de recibir los servicios del centro.
5. RESIDENCIAS PRIVADAS: 270
Los 270 geriátricos restantes de la región comercializan todas sus plazas de forma privada. Son el 57% del total de centros.
El dato más destacado al analizar su propiedad es que muy pocos pertenecen a alguno de los doce grandes grupos. En total, estos gestionan 135 centros y sólo 29 son privados. Trasladado a porcentajes, controlan el 28,5% del total de residencias pero sólo el 10,5% de las que son de financiación totalmente privada. Dicho de otra manera: esos grupos se dedican a gestionar mayoritariamente geriátricos que viven en buena parte del dinero público.
La misma conclusión se obtiene, lógicamente, si nos fijamos en las cifras de facturación y no en el número de centros. De los aproximadamente 260 millones que la Comunidad destina anualmente a financiar plazas residenciales en entidades privadas, 166 millones van a la caja de alguno de los doce grandes grupos. Es decir, el 64% del total.
Con esos 260 millones, el Gobierno autonómico financia cada año unas 14.800 plazas en centros que explotan entidades privadas, sumando las de las residencias de gestión indirecta, las del Plan Velocidad y las concertadas.
LOS DOCE GRANDES GRUPOS
A continuación, infoLibre detalla quiénes son los 12 principales grupos del sector residencial, los centros que tienen y lo que facturan a la Comunidad. Respecto a las cifras de ingresos hay que tener en cuenta tres cuestiones:
Todos los importes están indicados con IVA. Las sociedades mercantiles deben pagar luego el 4% por este impuesto.
Las cifras de facturación se refieren únicamente a las residencias, no a los centros de día que en muchos lugares funcionan en el mismo inmueble y también reciben dinero de origen público. Con una excepción: en el caso de los geriátricos de gestión indirecta, las empresas emiten una factura conjunta por ambos servicios, y por tanto no se puede desglosar.
No se contemplan los ingresos de las seis residencias municipales que también gestionan estos grupos (dos DomusVi, dos Mensajeros de la Paz, una Amavir y otra Albertia). En estos casos es el Ayuntamiento quien encarga la gestión a la entidad privada, aunque previamente el Consistorio ha firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que financie parte de las plazas.
1. AMAVIR: 21 residencias, 33,1 millones de dinero público
Amavir fue el gran beneficiado por el Plan Velocidad, al obtener 17 de las 32 residencias que se adjudicaron en 2001 y 2002. A ello hay que sumar la que ya tenía, con condiciones de explotación similares, en Leganés.
Cuenta también con un centro de gestión indirecta y otro con 85 plazas concertadas.
Por estos 20 geriátricos Amavir ingresó 33,1 millones de dinero público en 2019.
Gestiona además la residencia municipal de Patones.
Por tanto, el 100% de sus centros cuentan con ingresos de origen público.
Como detalló infoLibre en una anterior entrega de esta serie de investigación sobre las residencias, Amavir cuenta en España con 41 centros y es el octavo grupo más grande del sector. El principal accionista de Amavir es la sociedad francesa Maisons de Famille SAS, que a su vez es filial del fondo de private equity Creadev. Este último pertenece a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto. La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la quinta más grande de Francia.
2. ORPEA: 23 residencias, 26 millones de dinero público
Orpea es el grupo que más residencias tiene en Madrid. Y también el que más ingresa por la vía de los conciertos del Acuerdo Marco: 14,4 millones por 1.041 plazas en 13 geriátricos.
Además, cuenta con otros seis centros del Plan Velocidad, por los que percibe algo más de 11,5 millones al año.
En las cifras anteriores no se incluye la residencia Orpea Mirasierra, un centro atípico porque no sólo es residencia de mayores, sino que también tiene 148 plazas concertadas para atender a personas con discapacidad física. Un contrato por el que ingresa más de seis millones al año.
Los otros tres geriátricos de Orpea (La Moraleja, Loreto y Carabanchel) son privados.
A nivel estatal, Orpea es el quinto grupo más importante. El propietario único de la mercantil española Orpea Ibérica SA es la francesa Orpea SA, cuyo principal accionista es el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. También forma parte del accionariado de Orpea una compañía de inversión controlada por la familia Peugeot (FFP Invest).
3. DOMUSVI: 17 residencias, 26 millones de dinero público
DomusVi obtiene dinero público en 15 de sus 17 centros. Los únicos privados son el de Arturo Soria, en Madrid, y el de Tres Cantos.
De esos 15, cuatro se enmarcan en el Plan Velocidad y un quinto –en Coslada– cuenta con características similares de adjudicación. Por ellos ingresa de la Comunidad algo más de 7,7 millones anuales.
Otros cinco geriátricos conciertan 435 plazas por vía del Acuerdo Marco y le reportan a DomusVi 7,2 millones de euros.
Tres más son de gestión indirecta y los ingresos de origen público ascienden a 11 millones al año.
Por último, la multinacional también tiene dos concesiones municipales en Valdemoro y Torres de la Alameda.
DomusVi es la empresa líder del sector en España. Con 138 geriáticos, es la única que tiene implantación en todas las comunidades autónomas. La mayoría del capital de esta multinacional lo tiene el fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG). El otro accionista relevante es Sagesse Retraite Santé, propiedad del multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.
4. ARALIA: 4 residencias, 15 millones de dinero público
Las cuatro residencias de Aralia son de gestión indirecta y sus ingresos anuales de origen público se elevan a 15 millones de euros.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció en febrero su intención de retirar la concesión a tres de estos centros – situados en el Ensanche de Vallecas, Peñuelas y Leganés– por subcontratar a empleados de forma ilegal.
La retirada de una concesión es una medida que, hasta ahora, jamás ha adoptado un Gobierno madrileño. Queda por ver si se concreta ese anuncio.
Aralia gestiona a nivel estatal 19 geriátricos. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2018, el 63,1% de Aralia estaba controlado por José Luis Ulibarri y su familia (su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana). Ulibarri está procesado en dos piezas del caso Gürtel por pagar sobornos a cambio de adjudicaciones y fue detenido en la operación Enredadera.
5. MENSAJEROS DE LA PAZ: 9 residencias, 12,1 millones de dinero público
La asociación que preside el sacerdote Ángel García–conocido como padre Ángel– gestiona nueve centros en la Comunidad de Madrid y todos perciben ingresos de origen público.
Tres son de gestión indirecta y reportan a la organización 7,5 millones, mientras que cuatro son concertados y en 2019 ingresaron 4,6 millones, a cambio de poner a disposición de la Comunidad 281 plazas.
Las otras dos residencias son concesiones municipales y se encuentran en Pinto y en Campo Real.
Mensajeros de la Paz es la principal organización del tercer sector en el ámbito de las residencias en España. Gestiona en total 110 geriátricos. Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García, la presencia de la asociación ya no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países de cuatro continentes.
6. BALLESOL: 11 residencias, 9,5 millones de dinero público
Ballesol tiene tres geriátricos privados –todos en el centro de Madrid– y ocho que se nutren de dinero público.
Seis de esas residencias conciertan en conjunto 435 plazas con la Administración autonómica, por las que ingresan 6,2 millones de euros al año.
Otras dos son del Plan Velocidad y le reportan a Ballesol unos 3,3 millones anuales.
A nivel estatal, Ballesol tiene 46 geriátricos, lo que le convierte en el sexto grupo más importante del sector. Su accionista mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA (con el 75,29% del capital), una aseguradora propiedad tres grupos familiares que lideran Modesto Álvarez Otero –quien en la última lista Forbes de los cien españoles más ricos figura en el puesto 59–, Carlos Javier Álvarez Navarro –quien ocupa el puesto 83 en la mencionada lista Forbes–, y José Luis Díaz López.
7. ALBERTIA: 6 residencias, 9,1 millones de dinero público
De las seis residencias de Albertia, tres son de gestión indirecta y le aportaron unos ingresos de 9,1 millones de euros en 2019. Hay que señalar que en dos de esos centros –Las Vegas, en Ciempozuelos, y Plata y Castañar, en Madrid–, Albertia recibió la adjudicación formando parte de una UTE (unión temporal de empresas) con la Fundación Rey Ardid. Esta entidad, que tiene su sede en Zaragoza, gestiona 13 residencias en Aragón y 1 en La Rioja.
Albertia también se llevó la concesión del geriátrico municipal de Majadahonda.
Los otros dos centros de la empresa son privados.
Albertia gestiona en total 12 geriátricos en España. Su principal accionista es Guillermo de Aranzabal Agudo, un importante bodeguero al frente de la sociedad La Rioja Alta SA, que comercializa entre otras la marca Viña Ardanza.
8. LOS NOGALES: 9 residencias, 7,9 millones de dinero público
Seis residencias de Los Nogales reciben dinero de origen público, mientras que las otras tres son privadas.
En concreto, cinco cuentan en total con 451 plazas concertadas al amparo del Convenio Marco. Una concertación que le aporta 6,2 millones de euros al año.
El grupo cuenta además con un geriátrico del Plan Velocidad, por el que ingresa de la Comunidad 1,7 millones anuales.
Los Nogales opera únicamente en la Comunidad de Madrid. Es un grupo familiar creado por Pascual Berlanga Sarmentera, quien junto a su mujer y sus dos hijos controla el capital de la compañía.
9. VITALIA HOME: 4 residencias, 7,7 millones de dinero público
Vitalia Home dispone en la Comunidad de tres residencias concertadas y de una privada. Estaba a punto de abrir un quinto centro en Moratalaz, donde de hecho trasladó a residentes sin covid-19 del geriátrico de Leganés donde fallecieron 96 personas, pero de momento no cuenta con residentes propios.
Los tres centros donde concierta plazas aportan al grupo unos ingresos de 7,7 millones de euros. Se trata de geriátricos grandes que contratan con la Comunidad 486 camas, lo que de hecho convierte a Vitalia Home en el segundo grupo con mayor número de plazas concertadas, a pesar de que sólo tenga tres residencias con este tipo de acuerdos.
Vitalia Home es el tercer grupo a nivel estatal, con 51 residencias. Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero.
10. SANITAS: 19 residencias, 7,2 millones de dinero público
Aunque Sanitas es el tercer grupo de Madrid por número de residencias, baja en el ranking de ingresos de origen público hasta el noveno puesto. Ello por una doble razón. Primero, que de los grandes grupos, es con diferencia el que tiene más centros privados (9). Segundo, que en los diez geriátricos donde concierta plazas, no suele ofrecer un número muy alto a la Administración, de forma que en total suman sólo 422.
El resultado es que los ingresos de origen público de las diez residencias concertadas se sitúan en 7,2 millones de euros.
En España, Sanitas gestiona 46 residencias y es el séptimo grupo empresarial más grande. Pertenece a BUPA, una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro, puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía.
11. CLECE: 4 residencias, 6,6 millones de dinero público
De las cuatro residencias que gestiona Clece en la Comunidad, dos son de gestión indirecta y las otras dos son privadas.
Los ingresos de las arcas de la Comunidad que terminan en Clece por esta vía ascienden a 6,6 millones de euros.
Con 61 geriátricos, Clece es el segundo grupo empresarial más importante a nivel estatal. Es una filial de ACS, cuyo principal accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, dueño del 12,5% de la compañía. A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer –primos y conocidos como los Albertos–, que tienen el 5,07%. Los tres figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.
12. CASABLANCA: 8 residencias, 5,8 millones de dinero público
Casablanca es el segundo grupo que más residencias privadas tiene en Madrid (4), sólo por detrás de Sanitas. Las otras cuatro son concertadas.
En 2019, los ingresos de origen público ascendieron a 5,8 millones de euros, por las 384 plazas acogidas al Convenio Marco.
Casablanca tiene nueve centros (uno en Toledo además de los de Madrid). El principal accionista del grupo es Ignacio Fernández-Cid Plañiol, quien además ocupa la Presidencia de una de las patronales del sector, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Desde este cargo está siendo especialmente activo en rechazar cualquier responsabilidad de los gestores de las residencias en lo que ha ocurrido durante la pandemia. «Nos han dado solo medicación para sedar a los ancianos, no para tratarlos», es su principal argumento.
Infolibre
