miércoles, 26 de agosto de 2020

Este país está desbordado de corruptos

 

El Tribunal de Cuentas declara prescrita una ayuda de 450.000 euros de los ERE al ‘chófer de la coca’.
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en la época del gobierno del PSOE, Francisco Javier Guerrero (en la foto), no tendrá que devolver una ayuda de 450.000 euros que concedió a una de las empresas que creó su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, quien en su día reconoció en el juzgado que parte del dinero fue destinado a la compra de regalos y cocaína.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha desestimado la demanda de la Junta, a la que se había adherido la Fiscalía, en la que se reclamaba la responsabilidad contable de Guerrero, así como del ex chófer y de la mujer de éste, en relación con esta ayuda concedida a la empresa Iniciativas Turísticas Sierra Morena.

El Tribunal de Cuentas ha estimado que estas responsabilidades han prescrito a los cinco años desde que se procedió a su abono.

Este país está desbordado de corruptos, y la borregada mira para otro lado, o señala "Al Coletas". 

La trama que tienen montada desde la transición es de escándalo. Preparan sus desfalcos tras colocar a sus jueces, si nadie levanta la liebre, siguen robando hasta la saciedad, y si los pillan, ningún problema, para eso están los jueces que han colocado.

Se ríen en nuestra cara y seguimos manteniendo a esta mierda...

jueves, 4 de junio de 2020

Pérez de los Cobos intentó fabricar un nuevo escándalo en los medios contra Pablo Iglesias


Desde la destitución del coronel Pérez de los Cobos hace unas semanas por falta de confianza, se ha descubierto su tendencia a filtrar informes interesados para perjudicar al Gobierno de coalición y, en concreto, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Este medio ha podido confirmar un nuevo intento de fabricar un escándalo mediático siguiendo las prácticas habituales que se han llevado a cabo desde el nacimiento de Podemos por parte de las cloacas policiales.

El 24 de abril, algunas webs y medios vinculados a la derecha y a las cloacas policiales, publicaron un vídeo del vicepresidente Pablo Iglesias realizando la compra en un supermercado cercano a su domicilio. En el video se podía escuchar a vecinos afines a la extrema derecha gritando graves insultos mientras Pablo Iglesias pagaba en la caja del establecimiento.

Pocos días después del suceso, el ministerio encabezado por Marlaska, conoce, tal y como indican fuentes del propio cuerpo de la Guardia Civil, que Pérez de los Cobos mandó a varios agentes a requisar los vídeos de las cámaras de seguridad del supermercado donde fue grabado Iglesias sin que hubiese ninguna petición judicial ni de sus superiores.

Pérez de los Cobos no recibió órdenes de ningún mando del ministerio del Interior para hacerse con los vídeos de las cámaras de seguridad del supermercado, y aún así, decidió enviar a varios agentes a requisarlas. ¿Cuál era la intención?. Algunas fuentes de la Guardia Civil han apuntado a que el Coronel "buscaba provocar un nuevo escándalo mediático" contra el vicepresidente pero Interior se enteró de sus planes y se torció.


Más filtraciones
El 24 de mayo, algunos medios publicaban una orden dirigida a los agentes de la Guardia Civil que vigilan la vivienda del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad para que retiraran pancartas y banderas que pudieran ser colocadas en las inmediaciones de la casa.

Sin embargo, aunque la intención era que pareciera que esta orden se había dado esa semana con motivo de las caceroladas convocadas por la extrema derecha en la vivienda habitual de dos miembros del Gobierno de España, la realidad es que dicha petición a los agentes fue realizada el 13 de marzo tras la concentración convocada por el sindicato policial 'Jusapol', muy cercano a Vox, delante de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.

A todo ello, se suma, la filtración intencionada del informe elaborado con bulos y datos falsos y manipulados por parte de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M, que se envió a medios de comunicación tal y como fue entregado en el juzgado el 21 de mayo.

Según han publicado varios medios de comunicación en las últimas semanas, las filtraciones interesadas del coronel Pérez de los Cobos, que se remontan a abril, habían han hecho que el titular de Interior perdiera la poca confianza que quedaba en él, por lo que su cese estaba previsto para junio, aunque se precipitó tras la publicación del informe sobre la manifestación del 8M.

La Última Hora. 3 de junio de 2020

miércoles, 3 de junio de 2020

Doce empresas se embolsan en Madrid el 64% del dinero público para residencias y acumulan ya 135 geriátricos


La Comunidad destina 260 millones al año a financiar plazas en geriátricos que explotan entidades privadas; de ellos, 166 se los reparten los 12 grandes grupos
Los tres principales grupos en Madrid –Amavir, Orpea y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de los centros que tienen en la región

El Gobierno del PP aprobó en 2001 un plan para construir 32 residencias y garantizó por contrato a sus gestores privados que recibirían dinero público durante medio siglo

La gran desproporción: los geriátricos madrileños tienen el 13% de las plazas residenciales de toda España y acumulan el 31% de los fallecidos en este tipo de centros

La Comunidad de Madrid se ha convertido en un infierno para los mayores que viven en residencias. En los tres últimos meses, más de 5.900 residentes han fallecido con covid-19 confirmado o con sintomatología compatible con el virus. Son el 31% del total de muertes por la enfermedad en geriátricos de España (19.000, a 24 de mayo). Y ello a pesar de que en la región sólo están el 13,5% de las plazas residenciales –51.582 de un total de 381.158–, según los últimos datos del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) correspondientes a 2018 y elaborados con la información que facilitan las propias comunidades. La desproporción entre ambos porcentajes es gigantesca y deja en evidencia que algo se ha hecho muy mal en Madrid.

Infierno actual para los residentes… y paraíso inversor para los grandes grupos geriátricos desde hace dos décadas. Los Gobiernos del PP han aplicado una decidida política de favorecimiento del sector privado. Por una doble vía: poniendo en sus manos un número creciente de geriátricos y trasvasando a las empresas cuantiosos fondos públicos.

infoLibre ha analizado la propiedad y los ingresos de origen público de las 474 residencias que están actualmente operativas en Madrid y las principales conclusiones son las siguientes:
Los doce principales grupos gestionan 135 residencias, es decir, el 28% del total.
Esos doce grupos –11 sociedades mercantiles y la asociación Mensajeros de la Paz– se quedan con el 64% del dinero público destinado a financiar plazas en los geriátricos madrileños. De nuevo, una llamativa desproporción: con el 28% de centros acaparan el 64% de los euros que salen de las arcas de la Comunidad.
Los tres principales grupos en Madrid –Orpea, Amavir y DomusVi– reciben fondos públicos para el 92% de las residencias que tienen en la región. Suman 61 centros y sólo cinco son privados.

Este periódico explica a continuación cómo funciona el modelo de gestión de los geriátricos aplicado por todos los Gobiernos del PP –desde Alberto Ruiz-Gallardón hasta Isabel Díaz Ayuso– y detalla después quiénes son esos doce grandes grupos, cuántas residencias tiene cada uno y qué ingresos de origen público reciben.

Pero antes de entrar en esos dos grandes bloques, es necesario realizar un par de aclaraciones metodológicas. Se ha considerado que son grandes grupos aquellos que cumplen dos requisitos al mismo tiempo: tener al menos cuatro residencias e ingresar más de cinco millones al año de procedencia pública. Una vez obtenidos todos los datos sobre residencias y facturación, infoLibre se puso en contacto con las once empresas y la asociación para confirmar que la información era correcta. Nueve grupos contestaron con transparencia a las preguntas planteadas, dos se limitaron a señalar que la información era pública (Aralia y Ballesol) y uno no respondió (Los Nogales).

EL MODELO RESIDENCIAL DE MADRID

Es habitual a la hora de hablar de los tipos de geriátricos hacer una división entre públicos y privados. Pero, a la hora de analizar las concesiones de la Administración a las empresas o la financiación de los centros, es necesario hilar más fino. Entre otras razones porque hay residencias públicas de gestión privada y también porque existen concesiones que tienen condiciones muy diferentes (por ejemplo, plazos de cinco años o de 50). Así que, en el caso de la Comunidad de Madrid, hilar fino supone distinguir al menos entre cinco tipos de centros: los públicos puros, los públicos de gestión privada, los del llamado Plan Velocidad, los privados con plazas concertadas y los puramente privados. Veámoslo.

1. RESIDENCIAS PÚBLICAS: 25

De los 474 geriátricos operativos a día de hoy –la Comunidad habla oficialmente de 475 porque incluye un centro en Las Rozas que está registrado pero aún no ha abierto ya que está pendiente de una licencia municipal–, sólo hay 25 de titularidad pública y gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Es decir, el 5,3% del total.

Entre esas residencias se encuentran algunas de las más grandes de la región, lo que hace que en conjunto tengan 6.258 plazas, según los datos de ejecución presupuestaria de 2018 presentados por el Gobierno autonómico. En número de plazas, por tanto, los 25 centros AMAS gestionan el 12,1% del total.

Hay que señalar que ese número lleva años completamente estancado. En 2014, por ejemplo, las plazas residenciales de los centros AMAS eran 6.244. O sea que la cifra se incrementó en un 0,22% en los últimos cuatro años.

2. RESIDENCIAS DE GESTIÓN INDIRECTA: 18

Son aquellos centros propiedad de la Comunidad pero gestionados por empresas privadas. Hay 18 y, de ellos, 16 están en manos de alguno de los doce grandes grupos: 4 de Aralia, 3 de DomusVi, 3 de Mensajeros de la Paz, 3 de Albertia, 2 de Clece y 1 de Amavir. Los otros dos los llevan Sacyr Social y Grupo 5.

Las adjudicaciones se realizan mediante concursos a los que, como norma, ya sólo se presentan este tipo de grupos –no pequeñas empresas– y con contratos de gestión de servicios que suelen durar inicialmente un máximo de seis años, aunque son prorrogables hasta alcanzar los 20.

La Comunidad de Madrid paga una cantidad anual por todas las plazas de las que dispone el centro, estén o no ocupadas. A cambio, tiene derecho a designar a las personas que residirán en el geriátrico respectivo, una vez que se le ha reconocido al usuario una prestación al amparo de la Ley de Atención a la Dependencia.

En total, existen 2.668 plazas de este tipo –que en los Presupuestos a veces se denominan “plazas residenciales propias”– y las empresas adjudicatarias facturan en conjunto a la Administración autonómica unos 57 millones de euros (53,4 de ellos los grandes grupos).

3. RESIDENCIAS DEL PLAN VELOCIDAD: 32 + 2

Son geriátricos construidos por empresas privadas, en suelo público, bajo el régimen de concesión administrativa por un periodo de 50 años. Existen 32 centros del Plan Velocidad y 30 están en manos de alguno de los doce grandes grupos: 17 de Amavir, 6 de Orpea, 4 de DomusVi, 2 de Ballesol y 1 de Los Nogales. Los dos restantes los gestionan Ilunion y Sergesa.

Este Plan, quizá la mayor apuesta por la privatización de residencias en Madrid, se aprobó en tres fases en los años 2001 y 2002, cuando el presidente de la Comunidad era Alberto Ruiz-Gallardón. Entre otras características, tal y como se detalla en un informe de fiscalización de 2014 realizado por la Cámara de Cuentas [puedes consultarlo aquí], destacan las siguientes:
Los adjudicatarios construirán los centros y los explotarán en régimen de concesión de servicio público durante 50 años.
De las 32 residencias, 26 se construyeron en suelo cedido por los Ayuntamientos y seis en solares de la Comunidad.
Todos los geriátricos tienen 180 plazas (salvo Cenicientos y Estremera que cuentan con 82).
La Comunidad de Madrid garantiza durante los 50 años la financiación total del 22% de las plazas de cada residencia y la financiación parcial del 13% de las plazas. Pagará, además, estén o no ocupadas esas plazas concertadas. El resto son de libre disposición del concesionario, aunque tiene que comercializarlas a un precio tasado que establece la Comunidad. Ese precio se fija a la firma de cada contrato y se va renovando según el IPC. En 2020, según indica la Consejería de Políticas Sociales, el importe medio de la plaza privada de precio tasado es de 1.750 euros al mes.
Transcurrido medio siglo, cuando finalice el periodo concesional, la residencia y el suelo pasan a ser propiedad de la Administración.

Respecto a la diferencia en el régimen económico de las plazas, hay que señalar que en las de financiación total el usuario paga una cantidad a la Administración autonómica que se determina en función de su capacidad económica y la Comunidad abona la totalidad del coste a la empresa que presta el servicio. En las de financiación parcial, en cambio, el usuario abona en torno al 60% del coste de la plaza directamente a la empresa que lleva el geriátrico y la Comunidad le abona el 40% restante.

En definitiva, el Gobierno del PP le garantizó a las empresas privadas que recibieron la concesión que recibirían dinero público durante medio siglo y que el suelo –en Madrid uno de los elementos más caros en la construcción– lo pondrían las Administraciones.

Además de estos 32 geriátricos del Plan Velocidad, hay que mencionar otros dos que cuentan con una concesión de características similares, pero adjudicados con anterioridad. Se trata de un centro de Amavir en Leganés, cuyo contrato se firmó en 1993 –en la última legislatura con el PSOE en el Gobierno madrileño– por un periodo de 50 años, y otro de DomusVi en Coslada, adjudicado en 1996 por un periodo concesional de 40 años.

En total, estas 34 residencias reciben anualmente de las arcas de la Comunidad alrededor de 54 millones de euros (51,4 de ellos los doce grupos principales)

4. RESIDENCIAS CONCERTADAS: 127

Se trata de residencias privadas con las que la Comunidad contrata un determinado número de plazas para que atiendan a personas mayores con derecho a asistencia residencial. Son las llamadas plazas concertadas.

La práctica totalidad de plazas concertadas en la Comunidad se rigen por el Convenio Marco de 2017, que cubre tanto las de financiación total como parcial. En este momento, hay 127 geriátricos con plazas concertadas. La Administración financia en ellos unas 9.600 camas al año, de ellas cerca del 40% de forma parcial, en las que la aportación mínima del usuario son 950 euros y la máxima 1.504 euros.

El precio por plaza y día que paga la Comunidad es de 56,69 euros en los casos de financiación total y 24,21 euros en los de financiación parcial (IVA incluido). En conjunto destina unos 149 millones a este concepto, de los que 61,2 millones van a la caja de los doce principales grupos.

El Convenio Marco autoriza un número máximo de plazas que se pueden concertar en cada centro, a partir de la oferta que realizan las empresas. Esa oferta está directamente relacionada con la demanda de particulares que exista en la zona. Si hay mucha, ofrecen menos plazas a la Administración. Luego, cada año, la Comunidad contrata un número determinado de plazas respetando siempre el máximo autorizado.

En las residencias conviven, por tanto, personas con plazas concertadas y otras totalmente privadas. Pero la ley prohíbe establecer diferencias entre ellas a la hora de recibir los servicios del centro.

5. RESIDENCIAS PRIVADAS: 270

Los 270 geriátricos restantes de la región comercializan todas sus plazas de forma privada. Son el 57% del total de centros.

El dato más destacado al analizar su propiedad es que muy pocos pertenecen a alguno de los doce grandes grupos. En total, estos gestionan 135 centros y sólo 29 son privados. Trasladado a porcentajes, controlan el 28,5% del total de residencias pero sólo el 10,5% de las que son de financiación totalmente privada. Dicho de otra manera: esos grupos se dedican a gestionar mayoritariamente geriátricos que viven en buena parte del dinero público.

La misma conclusión se obtiene, lógicamente, si nos fijamos en las cifras de facturación y no en el número de centros. De los aproximadamente 260 millones que la Comunidad destina anualmente a financiar plazas residenciales en entidades privadas, 166 millones van a la caja de alguno de los doce grandes grupos. Es decir, el 64% del total.

Con esos 260 millones, el Gobierno autonómico financia cada año unas 14.800 plazas en centros que explotan entidades privadas, sumando las de las residencias de gestión indirecta, las del Plan Velocidad y las concertadas.

LOS DOCE GRANDES GRUPOS

A continuación, infoLibre detalla quiénes son los 12 principales grupos del sector residencial, los centros que tienen y lo que facturan a la Comunidad. Respecto a las cifras de ingresos hay que tener en cuenta tres cuestiones:
Todos los importes están indicados con IVA. Las sociedades mercantiles deben pagar luego el 4% por este impuesto.
Las cifras de facturación se refieren únicamente a las residencias, no a los centros de día que en muchos lugares funcionan en el mismo inmueble y también reciben dinero de origen público. Con una excepción: en el caso de los geriátricos de gestión indirecta, las empresas emiten una factura conjunta por ambos servicios, y por tanto no se puede desglosar.
No se contemplan los ingresos de las seis residencias municipales que también gestionan estos grupos (dos DomusVi, dos Mensajeros de la Paz, una Amavir y otra Albertia). En estos casos es el Ayuntamiento quien encarga la gestión a la entidad privada, aunque previamente el Consistorio ha firmado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que financie parte de las plazas.

1. AMAVIR: 21 residencias, 33,1 millones de dinero público

Amavir fue el gran beneficiado por el Plan Velocidad, al obtener 17 de las 32 residencias que se adjudicaron en 2001 y 2002. A ello hay que sumar la que ya tenía, con condiciones de explotación similares, en Leganés.

Cuenta también con un centro de gestión indirecta y otro con 85 plazas concertadas.

Por estos 20 geriátricos Amavir ingresó 33,1 millones de dinero público en 2019.

Gestiona además la residencia municipal de Patones.

Por tanto, el 100% de sus centros cuentan con ingresos de origen público.

Como detalló infoLibre en una anterior entrega de esta serie de investigación sobre las residencias, Amavir cuenta en España con 41 centros y es el octavo grupo más grande del sector. El principal accionista de Amavir es la sociedad francesa Maisons de Famille SAS, que a su vez es filial del fondo de private equity Creadev. Este último pertenece a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto. La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la quinta más grande de Francia.

2. ORPEA: 23 residencias, 26 millones de dinero público

Orpea es el grupo que más residencias tiene en Madrid. Y también el que más ingresa por la vía de los conciertos del Acuerdo Marco: 14,4 millones por 1.041 plazas en 13 geriátricos.

Además, cuenta con otros seis centros del Plan Velocidad, por los que percibe algo más de 11,5 millones al año.

En las cifras anteriores no se incluye la residencia Orpea Mirasierra, un centro atípico porque no sólo es residencia de mayores, sino que también tiene 148 plazas concertadas para atender a personas con discapacidad física. Un contrato por el que ingresa más de seis millones al año.

Los otros tres geriátricos de Orpea (La Moraleja, Loreto y Carabanchel) son privados.

A nivel estatal, Orpea es el quinto grupo más importante. El propietario único de la mercantil española Orpea Ibérica SA es la francesa Orpea SA, cuyo principal accionista es el Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. También forma parte del accionariado de Orpea una compañía de inversión controlada por la familia Peugeot (FFP Invest).

3. DOMUSVI: 17 residencias, 26 millones de dinero público

DomusVi obtiene dinero público en 15 de sus 17 centros. Los únicos privados son el de Arturo Soria, en Madrid, y el de Tres Cantos.

De esos 15, cuatro se enmarcan en el Plan Velocidad y un quinto –en Coslada– cuenta con características similares de adjudicación. Por ellos ingresa de la Comunidad algo más de 7,7 millones anuales.

Otros cinco geriátricos conciertan 435 plazas por vía del Acuerdo Marco y le reportan a DomusVi 7,2 millones de euros.

Tres más son de gestión indirecta y los ingresos de origen público ascienden a 11 millones al año.

Por último, la multinacional también tiene dos concesiones municipales en Valdemoro y Torres de la Alameda.

DomusVi es la empresa líder del sector en España. Con 138 geriáticos, es la única que tiene implantación en todas las comunidades autónomas. La mayoría del capital de esta multinacional lo tiene el fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG). El otro accionista relevante es Sagesse Retraite Santé, propiedad del multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.

4. ARALIA: 4 residencias, 15 millones de dinero público

Las cuatro residencias de Aralia son de gestión indirecta y sus ingresos anuales de origen público se elevan a 15 millones de euros.

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, anunció en febrero su intención de retirar la concesión a tres de estos centros – situados en el Ensanche de Vallecas, Peñuelas y Leganés– por subcontratar a empleados de forma ilegal.

La retirada de una concesión es una medida que, hasta ahora, jamás ha adoptado un Gobierno madrileño. Queda por ver si se concreta ese anuncio.

Aralia gestiona a nivel estatal 19 geriátricos. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2018, el 63,1% de Aralia estaba controlado por José Luis Ulibarri y su familia (su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana). Ulibarri está procesado en dos piezas del caso Gürtel por pagar sobornos a cambio de adjudicaciones y fue detenido en la operación Enredadera.

5. MENSAJEROS DE LA PAZ: 9 residencias, 12,1 millones de dinero público

La asociación que preside el sacerdote Ángel García–conocido como padre Ángel– gestiona nueve centros en la Comunidad de Madrid y todos perciben ingresos de origen público.

Tres son de gestión indirecta y reportan a la organización 7,5 millones, mientras que cuatro son concertados y en 2019 ingresaron 4,6 millones, a cambio de poner a disposición de la Comunidad 281 plazas.

Las otras dos residencias son concesiones municipales y se encuentran en Pinto y en Campo Real.

Mensajeros de la Paz es la principal organización del tercer sector en el ámbito de las residencias en España. Gestiona en total 110 geriátricos. Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García, la presencia de la asociación ya no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países de cuatro continentes.

6. BALLESOL: 11 residencias, 9,5 millones de dinero público

Ballesol tiene tres geriátricos privados –todos en el centro de Madrid– y ocho que se nutren de dinero público.

Seis de esas residencias conciertan en conjunto 435 plazas con la Administración autonómica, por las que ingresan 6,2 millones de euros al año.

Otras dos son del Plan Velocidad y le reportan a Ballesol unos 3,3 millones anuales.

A nivel estatal, Ballesol tiene 46 geriátricos, lo que le convierte en el sexto grupo más importante del sector. Su accionista mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA (con el 75,29% del capital), una aseguradora propiedad tres grupos familiares que lideran Modesto Álvarez Otero –quien en la última lista Forbes de los cien españoles más ricos figura en el puesto 59–, Carlos Javier Álvarez Navarro –quien ocupa el puesto 83 en la mencionada lista Forbes–, y José Luis Díaz López.

7. ALBERTIA: 6 residencias, 9,1 millones de dinero público

De las seis residencias de Albertia, tres son de gestión indirecta y le aportaron unos ingresos de 9,1 millones de euros en 2019. Hay que señalar que en dos de esos centros –Las Vegas, en Ciempozuelos, y Plata y Castañar, en Madrid–, Albertia recibió la adjudicación formando parte de una UTE (unión temporal de empresas) con la Fundación Rey Ardid. Esta entidad, que tiene su sede en Zaragoza, gestiona 13 residencias en Aragón y 1 en La Rioja.

Albertia también se llevó la concesión del geriátrico municipal de Majadahonda.

Los otros dos centros de la empresa son privados.

Albertia gestiona en total 12 geriátricos en España. Su principal accionista es Guillermo de Aranzabal Agudo, un importante bodeguero al frente de la sociedad La Rioja Alta SA, que comercializa entre otras la marca Viña Ardanza.

8. LOS NOGALES: 9 residencias, 7,9 millones de dinero público

Seis residencias de Los Nogales reciben dinero de origen público, mientras que las otras tres son privadas.

En concreto, cinco cuentan en total con 451 plazas concertadas al amparo del Convenio Marco. Una concertación que le aporta 6,2 millones de euros al año.

El grupo cuenta además con un geriátrico del Plan Velocidad, por el que ingresa de la Comunidad 1,7 millones anuales.

Los Nogales opera únicamente en la Comunidad de Madrid. Es un grupo familiar creado por Pascual Berlanga Sarmentera, quien junto a su mujer y sus dos hijos controla el capital de la compañía.

9. VITALIA HOME: 4 residencias, 7,7 millones de dinero público

Vitalia Home dispone en la Comunidad de tres residencias concertadas y de una privada. Estaba a punto de abrir un quinto centro en Moratalaz, donde de hecho trasladó a residentes sin covid-19 del geriátrico de Leganés donde fallecieron 96 personas, pero de momento no cuenta con residentes propios.

Los tres centros donde concierta plazas aportan al grupo unos ingresos de 7,7 millones de euros. Se trata de geriátricos grandes que contratan con la Comunidad 486 camas, lo que de hecho convierte a Vitalia Home en el segundo grupo con mayor número de plazas concertadas, a pesar de que sólo tenga tres residencias con este tipo de acuerdos.

Vitalia Home es el tercer grupo a nivel estatal, con 51 residencias. Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero.

10. SANITAS: 19 residencias, 7,2 millones de dinero público

Aunque Sanitas es el tercer grupo de Madrid por número de residencias, baja en el ranking de ingresos de origen público hasta el noveno puesto. Ello por una doble razón. Primero, que de los grandes grupos, es con diferencia el que tiene más centros privados (9). Segundo, que en los diez geriátricos donde concierta plazas, no suele ofrecer un número muy alto a la Administración, de forma que en total suman sólo 422.

El resultado es que los ingresos de origen público de las diez residencias concertadas se sitúan en 7,2 millones de euros.

En España, Sanitas gestiona 46 residencias y es el séptimo grupo empresarial más grande. Pertenece a BUPA, una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro, puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía.

11. CLECE: 4 residencias, 6,6 millones de dinero público

De las cuatro residencias que gestiona Clece en la Comunidad, dos son de gestión indirecta y las otras dos son privadas.

Los ingresos de las arcas de la Comunidad que terminan en Clece por esta vía ascienden a 6,6 millones de euros.

Con 61 geriátricos, Clece es el segundo grupo empresarial más importante a nivel estatal. Es una filial de ACS, cuyo principal accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, dueño del 12,5% de la compañía. A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer –primos y conocidos como los Albertos–, que tienen el 5,07%. Los tres figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.

12. CASABLANCA: 8 residencias, 5,8 millones de dinero público

Casablanca es el segundo grupo que más residencias privadas tiene en Madrid (4), sólo por detrás de Sanitas. Las otras cuatro son concertadas.

En 2019, los ingresos de origen público ascendieron a 5,8 millones de euros, por las 384 plazas acogidas al Convenio Marco.

Casablanca tiene nueve centros (uno en Toledo además de los de Madrid). El principal accionista del grupo es Ignacio Fernández-Cid Plañiol, quien además ocupa la Presidencia de una de las patronales del sector, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Desde este cargo está siendo especialmente activo en rechazar cualquier responsabilidad de los gestores de las residencias en lo que ha ocurrido durante la pandemia. «Nos han dado solo medicación para sedar a los ancianos, no para tratarlos», es su principal argumento.

Infolibre



martes, 2 de junio de 2020

El PP propone el despido libre para salir de la crisis

Tras las propuestas milagrosas de arriar las banderas a media asta, tres días de luto oficial y que Pedro Sánchez se ponga una corbata negra para aparentar ser un doliente más, el PP de Pablo Casado ha sacado el colmillo neoliberal, oportunista y malicioso para ofrecernos a pinceladas su verdadera estrategia para salir de la crisis.

La propuesta estrella no es novedosa ya que llevan tiempo queriendo aplicarla pero no han podido por mucha ley mordaza que legislaron. Para todo aquel español o aquella española que no lo sepa, la crisis económica provocada por la pandemia se arreglará con la instauración del despido libre. Sí, sin ningún tipo de tapujos la mejor manera de reflotar la economía capitalista es que el empresario pueda despedir libremente sin ningún tipo de contraprestación.

Pablo Casado fue claro y nadie parece haberle prestado atención. Para el sinsorgo popular lo necesario en estos momentos es “un plan para bajar costes fiscales, laborales y burocráticos”. Los costes burocráticos son culpa del PP que no hizo nada, pero dejando esta estupidez de lado hay que centrarse en el resto de la frase. “Bajar los costes laborales” traducido del neoliberal al idioma que hablan todas las personas es despedir de forma gratuita porque esos son los costes laborales existentes ya que el IRPF o la Seguridad Social serían gastos fiscales que, de todas formas, son abonados en nombre del trabajador. 

Cuando alguien dice que hay que bajar la carga de la Seguridad Social a los empresarios está mintiendo porque significa bajar la carga al trabajador por la labor realizada. Por ello lo que preocupa a Casado es que la clase empresarial no puede despedir alegremente. En estos momentos, de manera coyuntural, lo que ha hecho el Gobierno ha sido elevar el coste de despido, eso que llaman prohibir el despido no es tal, y el PP no sólo quiere quitar esa medida coyuntural sino que pretende colar de rondón el despido libre y gratuito o casi. Incluso pretenden que no se pague ni IRPF, ni Seguridad Social durante un tiempo lo que provocaría a corto plazo vaciar la hucha de las pensiones y que la prestación por desempleo deba abonarse mediante créditos. Una idea para destruir las finanzas del Estado que no debe haber pensado muy bien.

Pensar, lo que se dice pensar, lo han hecho otros por la cúpula del actual PP. De hecho desde FAES José María Aznar ha enviado las directrices económicas, como hizo con las políticas y que ya se contó en exclusiva en estas misma páginas. Ayer mismo el Grupo de análisis de FAES publicó el artículo titulado “Empleo y empresa; a tiempo de evitar lo peor”. En el mismo afirman los seres pensantes que “debemos alimentar dicha recuperación sobre la base de reformas estructurales que dinamicen los mercados de bienes y servicios, mantengan e incluso incrementen nuestro modelo de flexiseguridad laboral adaptándolo a la economía digital, y potencien nuestra competitividad internacional. Reformas que llevan muchos años ausentes en España, bien por falta de voluntad, bien por ausencia de una mayoría que las respalde”. Ahí lo tienen en negrita y mediante un eufemismo, incrementar el modelo de flexiseguridad laboral, o lo que es lo mismo en román paladino: flexibilizar el mercado de trabajo hasta que la clase trabajadora carezca de derecho alguno. Esto es lo que propone el PP para todas esas personas que se están batiendo el cobre para que esto salga adelante. Por suerte no han llegado a pedir la vuelta a la esclavitud o pagar por trabajar, pero déjenles unos días que buscarán algún eufemismo para ello.

Eso sí en contrapartida se hacen los “bolivarianos” y piden algún tipo de dinero para que la clase trabajadora pueda gastar tras salir de la reclusión: “Es urgente facilitar ayudas directas a las empresas que les permita mantener el tejido productivo y el empleo, y rentas urgentes y suficientes a los trabajadores para poder hacer frente a sus gastos, e incentivar o al menos no penalizar la demanda de consumo e inversión sobre la que ayudar a la recuperación de la actividad económica”. Eso sí, primero el dinero a las empresas. Claro que no se sabe qué tipo de tejido productivo hay que mantener si España es incapaz de fabricar unas simples mascarillas, unas batas sanitarias o equipos de respiración. Dinero para no penalizar el consumo ¿e inversión? ¿De verdad piensan que algún español que haya visto mermados sus ingresos en estos tiempos de coronavirus piensa en invertir? Siempre a lo suyo y no crean que es renta, que vayan ustedes a saber de qué tipo es y a quién llegará, sino inversión económica y sociopolítica. Como dicen en el texto se supone que es para que la gente gaste y la economía retome el pulso económico, pero en realidad es un mecanismo de protección. Tras ver que el capitalismo/neoliberalismo es incapaz de asegurar elementos tan sencillos como material de protección, como es incapaz de asegurar la vida a las personas cuando llega una pandemia, las personas han tomado conciencia, aunque sea de manera espontánea y mínima, de que esto no puede seguir bajo ese patrón de acción. A ello súmenle la porquería de sistema económico que no puede parar un simple mes sin hundirse estrepitosamente (porque todo es dinero ficticio en gran medida). Así la clase dominante la ha visto venir y para evitar movilizaciones generales y que las personas piensen en un cambio estructural hacia otra dirección (Alemania tiene el Estado de bienestar más potente, a costa eso sí del resto de países europeos, no se dejen engañar por los neoliberales) ofrecen una paga. Piensan que mientras ustedes vuelven a gastar en las tontadas que hoy se han visto como innecesarias en gran medida, ellos se evitan que miren hacia su poder social y político.

Lo más gracioso es que el PP propone una gran bajada de impuestos, Casado no sabe decir otra cosa, pero no explican de dónde van a sacar el dinero para pagar a los empresarios y a las personas sin hipotecarlas nuevamente. No lo han dicho porque saben que sin impuestos, incluso subiéndoselos a los tenedores del capital y rentas altas, no hay forma de aplicar esas medidas. Siguen en el hijoputismo neoliberal que dice Jesús Ausín y van con las luces largas siempre puestas. Les importa poco o nada las personas, aunque ahora hagan necrofilia, y sí mucho las cuentas de resultados de algunos. Incluso les parece bien que buena parte del pequeño comercio, los agricultores y otros actores productivos desaparezcan para que así entren en escenas las grandes multinacionales. Proponen el despido libre, la bajada de impuestos a los ricos y que eso, como la salvación del sistema financiero, lo pague la clase trabajadora con más austericidio. La cantidad de muertes por coronavirus tienen como principal eje la destrucción de la sanidad pública que las políticas del PP han provocado, pero eso no les importa. Como dijo aquella diputada del PP “¡Que se jodan!”. Ahora pretenden seguir por esa vía de salvamento de los grandes capitales y de pauperización del resto. Lo del despido libre es tan sólo la punta del iceberg.

Santiago Aparicio - 16/04/2020 Diario16

lunes, 1 de junio de 2020

Rebatir a Vox es inútil

El 8M es la causa por la que España es el país del mundo con más muertos por coronavirus.

El Gobierno de Pedro Sánchez escondió lo que ya sabía del covid19 (que era una pandemia letal planetaria) desde enero, para utilizarla políticamente en su beneficio.

Habiéndolo escondido y consciente de la situación, Fernando Simón permitió que las feministas, quienes solo buscan desestabilizar el sistema, se manifestaran y contagiaran así a toda la población.

Los pasos dados por el Gobierno español se han basado en aprovechar la pandemia para crear una España a imagen y semejanza de las dictaduras de izquierdas del mundo, más concretamente la venezolana.

El covid19 es en realidad un virus creado en un laboratorio chino para usarlo como arma biológica para expandir el comunismo por el mundo.

Personajes poderosos de la izquierda disfrazada, en especial Bill Gates, han colaborado en la producción y expansión del virus para lucrarse después con la comercialización de una vacuna.

Han muerto más ancianos que ningún otro grupo de edad porque son las mujeres las que cuidan de ellos, y entre las mujeres que los cuidan, hay muchas engañadas por el feminismo con promesas perversas para que participaran en la marcha del 8M.

El pacto del Gobierno con Bildu pone en evidencia los pasos que está dando el Gobierno, obligado por Podemos, para establecer un régimen criminal aprovechando la pandemia. Y por eso la ocultó durante tanto tiempo.

Todas las anteriores son afirmaciones enunciadas en los últimos días por políticos y periodistas, en medios de comunicación. Por supuesto son mentira. El hecho de que yo me vea obligada a señalar que son mentira de una idea del embrutecimiento de ciertos sectores políticos y de comunicación. Pero no son solo una sarta de mentiras. Se trata de la expansión de un virus peor que el covid19: la brutalidad.

Para la propagación de la brutalidad, como para la de la paz o la solidaridad, o la propagación de odio, son necesarios los medios de comunicación. Los medios, que en aras de una supuesta "pluralidad informativa" o escudados en una idea idiota de "libertad de expresión", le sirven de altavoz. Y prende. Prende entre una parte de la población. No importa si creen o no que el 8M es la causa de todos los males, no importa si creen que China nos ataca con armas biológicas. No es relevante que lo crean. Se trata de un arma, y la utilizan.

Sobre todo prende cuando no existe una respuesta general y contundente. No por parte de las redes sociales o de uno u otro individuo. La respuesta debe proceder de los propios medios de comunicación. Si no responden, consienten y por lo tanto participan de la mentira, de la espantosa bestia que vemos crecer a diario sobre todo en los últimos meses.

El momento en el que Iván Espinosa de los Monteros se quita la mascarilla en medio de la manifestación convocada por Vox y, hablando a cámara, exultante, se expresa: "Esto es impresionante. Lo más parecido que yo vi es cuando ganamos la Copa del Mundo. (…) Esto es una maravilla, realmente es increíble".

Ese momento roñoso y violento que se levanta sobre miles de muertos y muertas es posible porque la mayoría de los medios de comunicación de este país han difundido las barbaridades que he enumerado al principio como si fueran sencillamente declaraciones políticas, y no patrañas pergeñadas para construir ignorancia, barbarie, y por lo tanto violencia.

En todas y cada una de las declaraciones de los políticos y las políticas de Vox hay una mentira y una promesa de violencia. Sin embargo, ahí están, difundidas sin sonrojo ni decencia por decenas de emisoras, periódicos, cadenas de televisión, canales informativos. Por eso, rebatirlas es tarea inútil.

CRISTINA FALLARÁS.

sábado, 30 de mayo de 2020

A TENER MUY EN CUENTA

Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil cesado es un fascista pata negra que durante el golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 se vistió con su camisa azul de la Falange y se presentó en el Cuartel de la GC de Yecla, Murcia, para ponerse a disposición de los Golpistas.

Fue juzgado y absuelto por torturas al miembro de Eta, Kepa Urra al que llevaron de madrugada a un descampado y después de desnudarlo, golpearle con un objeto desconocido y arrastrarlo por el suelo.
El hecho ocurrió en plena investigación por el GAL. Las torturas fueron recogidas por dos relatores de la ONU y en un informe de Amnistía Internacional en 1993 . Mientras tres subordinados fueron condenados a 12 años y 6 meses de prisión el jefe del operativo, Pérez de los Cobos fue absuelto. Al año siguiente el Tribunal Supremo redujo las penas a un año, y en los meses posteriores fueron indultados parcialmente. A llos 2 años el TS anuló sus condenas.

Fue el encargado por el gobierno de Rajoy de intentar evitar y posteriormente reprimir a palos el Referéndum del 1 de Octubre en Cataluña. Además de estar involucrado en las Cloacas del Estado y la policía política del ministro del interior de Rajoy, Fernández Díaz.

Su hermano Francisco Pérez de los Cobos fue miembro y militante del PP., fue elegido presidente del Tribunal Constitucional por unanimidad de todos sus miembros, lo que da una idea de los fascistas que lo conformaban y bajo su presidencia se dictó la sentencia que pisoteó el Estatut de Cataluña aprobado por el Parlamento Catalán y Español y refrendado en un Referéndum. Lo que para catedráticos de derecho Constitucional y ex miembros del TS fue un auténtico golpe de Estado judicial a la soberanía popular que reside en los Parlamentos. Posteriormente este fascista se presentó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo afirmando saber leer y escribir en inglés. Sin embargo se publicó que no respondió en ese idioma cuando fue preguntado en la entrevista que le realizó, el 12 de Enero de 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No obtuvo ningún voto, a pesar de las presiones políticas para colocarlo en ese Tribunal.

El padre de ambos, Antonio Pérez de los Cobos se presentó a las elecciones en 1977 por el partido fascista Fuerza Nueva en Yecla, Murcia.. Lo que demuestra una vez más que los franquistas y sus herederos ideológicos siguen ocupando las altas instancias Legislativas, Ejecutivas y Judiciales. Como ha afirmado en repetidas ocasiones el Sr. Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: España Apesta a Franquismo.

Los dos Perez de los Cobos que son de Zafra era del ala juvenil de Falange y Fuerza Nueva. Y daban palizas a los Progres de la zona en la dictadura y transición.

Pilar Bardem Muñoz.

viernes, 29 de mayo de 2020

LA FIGURA DEL REY EMÉRITO


Así describe el diario 'Le Monde' a Juan Carlos I: "Un viejo rey devorado por su pasión por las mujeres y el dinero". 



En un artículo titulado 'Maleta de billetes en Suiza, sociedad opaca en Panamá: Juan Carlos, el desconcierto de España', el diario francés hace un exhaustivo repaso de los escándalos que rodean al rey emérito sin escatimar ningún detalle.

"Una aristócrata alemana tal vez demasiado habladora. Generosas donaciones de los países del Golfo. Un administrador de fondos y un abogado de azufre en Ginebra. Sin olvidar una base opaca, domiciliada en Panamá ... Todos los ingredientes de un thriller político-financiero se unen en el escándalo que azota a la monarquía española desde principios de marzo". La prensa francesa ha puesto sus ojos en Juan Carlos I y la mirada que se desprende es de reprobación. El prestigioso diario Le Monde publicó ayer, miércoles, un extenso reportaje sobre el rey emérito firmado por su corresponsal en España, Sandrine Morel, en el que la figura regia no sale bien parada. 

En un artículo titulado Maleta de billetes en Suiza, sociedad opaca en Panamá: Juan Carlos, el desconcierto de España, Le Monde hace un exhaustivo repaso de los últimos escándalos que han rodeado a Juan Carlos sin escatimar ningún detalle a sus lectores y describe al rey emérito como "un viejo rey devorado por su pasión por las mujeres y el dinero" ya desde la primera línea. 

Le Monde asegura, contundente, que estos escándalos, sin olvidar el caso Noos y en el encarcelamiento de su yerno, Iñaki Urdangarin, "ensucian la corona de su hijo" y "amenazan el futuro de la monarquía en España". 

El resto del artículo no es mucho más benévolo: recorre la trayectoria de un monarca cuestionado por los españoles y recuerda cómo perdió el aprecio de los ciudadanos con el incidente de caza en Botsuana, en lo peor de la crisis económica que azotaba al país. Morel no se deja nada en el tintero: ni el silencio cómplice de algunos medios, ni tampoco la intervención estelar del comisario ya jubilado y actualmente en prisión, José Manuel Villarejo. 

La corresponsal de Le Monde también señala a sus lectores que la emergencia del coronavirus ha venido a tapar las vergüenzas de la Casa Real española. La autora del reportaje incide mucho en que el rey Felipe aprovechó el primer día del estado de alarma para retirar a su padre la asignación oficial. "Si la crisis sanitaria no fuera tan grave, no se hablaría de otra cosa en España", afirma el politólogo Pablo Simón en el reportaje. 

En el reportaje también se cita otra frase demoledora pronunciada por Corinna sobre el rey emérito sacada de la famosa grabación de José Manuel Villarejo en 2015: "No sabe distinguir lo que es legal de lo que es ilegal". Toda una andanada en la línea de flotación de un reinado que duró casi 38 años. 

La corresponsal francesa escribe, además, que durante muchos años los ciudadanos españoles perdonaron los excesos de este monarca "familiar y amigable, alegre y juguetón", pero que la paciencia terminó por agotarse. 

El texto, en definitiva, también recopila un rosario de jugosas anécdotas que han sido publicadas en varios libros editados en España, pero que no han sido publicitadas. Señalamos una tal como la recoge el reportaje de Morel: "En 1977, en plena transición democrática, el Príncipe Fahd, futuro rey de Arabia Saudita, le entregó a Juan Carlos 100 millones de dólares. Un préstamo destinado a "fortalecer la democracia española", incluso si, como escribe otro periodista, José García Abad, en Una tragedia griega (La esfera de los libros, 2005), "mucho más [dinero] ha llegado a Zarzuela que a Moncloa". Nadie sabe hoy si este préstamo ha sido pagado o no". 

Esta es la visión de Le Monde de un rey que según el propio rotativo francés tiene "un poder de destrucción" sobre la propia monarquía española. 

Público.

Salvar a ratas: cómo varios sacerdotes católicos ayudaron a los nazis a esqui-var a la justicia

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial los criminales de guerra del Reich no podían pensar en nada que no fuese salvarse el pellejo. Querían esquivar ser juzgados por sus crímenes, así que decidieron escapar a otros países. Hubo quienes decidieron ayudarlos. Entre ellos, sacerdotes de la Iglesia católica. 

Los criminales nazis empezaron a buscar un lugar seguro y a abandonar su Reich como ratas escapando de un barco que se estaba hundiendo. Las rutas de escape para los exmiembros de las SS aparecieron precisamente cuando la caída del Reich se hizo obvia e inevitable: dichas rutas pasaron a conocerse como líneas de ratas —ratlines, en inglés—. Hubo varias rutas, pero entre ellas destacaron tres principales. 

Nada personal, solo negocios: cómo algunas empresas estadounidenses colaboraron con los nazis 

La primera comenzaba en Alemania, atravesaba España y llegaba a su punto final en Argentina. La segunda línea de ratas atravesaba las ciudades italianas de Roma y Génova y terminaba en algunos países sudamericanos, y la tercera atravesaba territorio de algunos países de Oriente Medio y tuvo su punto final, también, en algunos países de América Latina. 

La existencia de estas líneas ayudó a muchos exintegrantes de las SS a escapar de la justicia. Durante muchos años vivieron en algunos países sudamericanos e incluso trabajaron para gobiernos locales o para Estados Unidos. Pero es cierto que hubo casos en los que los servicios especiales de Israel atrapaban a los nazis en su escondite y los transportaban a Israel para poder procesarlos por tomar parte en el Holocausto. 

Si bien se acepta universalmente que el führer de la Alemania nazi, Adolf Hitler, se suicidó en su búnker en Berlín en los últimos días de la guerra, hubo teorías conspiranoicas según las cuales pudo haber usado una de las líneas de ratas para escapar a Argentina. Si bien no fue lo que sucedió, sí es verdad que muchos nazis huyeron del territorio alemán y lo hicieron con la ayuda de unos sacerdotes.

Uno de los creadores de las líneas de ratas fue un simpatizante de Adolf Hitler y de la ideología nazi, un sacerdote austriaco de la Iglesia católica afincado en Roma de nombre Alois Hudal. Había glorificado las políticas del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y, en ocasiones, criticado y atacado indirectamente las políticas del Vaticano. Su trabajo ayudó a encontrar refugio fuera del Viejo Continente a muchos nazis prominentes y representantes de otros países pertenecientes o leales a los países del Eje. 

Hudal daba gracias a Dios por poder salvar a los exintegrantes de las SS y a otros criminales de guerra. Fue conocido por su perversa posición hacia la derrota del nazismo. Creía que la guerra contra Alemania "no era una cruzada", sino que con toda seriedad aseveraba que esta era una "rivalidad de complejos económicos". Mientras tanto ponía en duda que la gente a la que ayudaba fueran criminales de guerra. 

La táctica era simple: los simpatizantes de los nazis como Hudal inventaban una identidad falsa para los exintegrantes de las SS, conseguían los papeles necesarios, luego obtenían un visado para ellos en la embajada de un país determinado —a menudo a través de sobornos—, compraban billetes de barco y los enviaban a un lugar seguro. 

Uno de los monstruos a quien salvó fue el arquitecto del Holocausto y el culpable de la muerte de cuatro millones de personas, Adolf Eichmann. Se escondió durante dos años en diferentes monasterios de Italia. En 1950 obtuvo documentos falsificados y se mudó a Argentina, donde vivió casi una década hasta que lo capturaron los servicios especiales de Israel en mayo de 1960 y lograron trasladarlo al país hebreo. 

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Otro caso famoso es el del excomandante de los campos de concentración Sobibor y Treblinka, Franz Stangl, culpable de decenas de miles de muertes. Llegó a la capital italiana buscando en pánico a Hudal porque sabía que el sacerdote ayudaba a los nazis. Cuando encontró a Hudal, este último le ayudó a escapar a Siria y dio mucho dinero. Durante su estancia en el país árabe Stangl ahorró más dinero y después se mudó a Brasil. 

El obispo Hudal también ayudó al infame capitán de las SS y excomandante del gueto en la capital letona Eduard Roschmann, conocido como el Carnicero de Riga, quien fue culpable de la muerte de unos 40.000 judíos en el país báltico. El sacerdote austriaco ayudó al criminal nazi a mudarse de Génova a Argentina. 

Alois Hudal fue uno de los primeros, pero no el único obispo que prestaba ayuda a los fugitivos nazis en aquella época. 

El sacerdote croata cómplice de EEUU que ayudó a los nazis a encontrar cobijo 

Estados Unidos también jugó su propio papel en el uso de las líneas de ratas. A finales de la década de 1940 los servicios especiales norteamericanos ayudaron a dar cobijo a los exoficiales de la Gestapo y de las SS por una simple razón: querían usarlos para su propio beneficio. Y este trabajo sucio se le encomendó al sacerdote croata Krunoslav Draganovic. 

La guerra por la verdad: Rusia hace frente a Occidente para proteger la victoria de la URSS 

En aquella época el Cuerpo de Contrainteligencia (CIC, por sus siglas en inglés) operaba activamente en la zona de ocupación estadounidense en la Austria de posguerra. La URSS exigió que Washington trasladara criminales de guerra nazis para luego procesarlos, y lo hizo en plena concordancia con un trato especial entre EEUU y la Unión Soviética que estipulaba que la parte norteamericana tenía que extraditar a los criminales de guerra. 

Sin embargo, los aliados decidieron no tomar ninguna acción porque querían evitar que se revelasen detalles sobre su cooperación con los exmiembros de las SS. Entonces Washington ideó un plan: solicitaron la ayuda de Draganovic, quien usó el dinero estadounidense para conseguir pasaportes italianos y argentinos, visados y billetes de barco para enviar a centenares de torturadores de las SS a América Latina. 

Uno de los criminales nazis que lograron escapar de la justicia fue el Carnicero de Lyon, hauptsturmführer de las SS, Klaus Barbie, quien fue culpable de la muerte de 14.000 personas. Él personalmente torturó a los miembros de la resistencia francesa y a muchos judíos. Barbie fue el verdadero maestro de las torturas. La gente en el Pentágono sabía bien de su existencia y de sus destrezas. Así que en 1947 Barbie empezó a colaborar con el CIC. 

Enseñó a los oficiales estadounidenses el arte de las interrogaciones violentas. También trabajó en la República Federal de Alemania. Cuando Francia se enteró del paradero del Carnicero de Lyon, los estadounidenses crearon una identidad falsa y consiguieron los papeles necesarios para el criminal nazi con tal de enviarlo a Bolivia, donde vivió durante 30 años en la ciudad de Cochabamba. Pero en 1983 las nuevas autoridades bolivianas lo extraditaron a Francia. 

Asimismo, Krunoslav Draganovic es conocido por organizar el traslado a Argentina de su compatriota y caudillo del Estado Independiente de Croacia —aliado de los países del Eje— Ante Pavelic. En mayo de 1945, huyó a Austria, donde permaneció algunos meses antes de huir a la capital italiana. En Roma permaneció bajo la protección de la Iglesia católica. Luego, vivió en Argentina y en la España franquista. 

Hudal y Draganovic no fueron los únicos sacerdotes que ayudaron a los nazis a escapar a América Latina. Hubo otros obispos que organizaron la fuga de más de 5.000 exoficiales de las Schutzstaffel. A menudo la Iglesia católica estaba al tanto de lo que hacían sus clérigos, pero efectivamente no se lo impedía. 

Ayudar a estos monstruos debería considerarse un pecado y un crimen, y las personas que ayudaron en su huida no merecían pertenecer a la Iglesia.