
Las administraciones locales critican que la Generalitat les haya comunicado la modificación de las tarifas en pleno verano, sin margen para informar a los padres ni para pensar en medidas que compensen el recorte autonómico.
El transporte escolar, que según un informe del Síndic de Greuges de 2010 traslada a más de 55.000 alumnos, es un servicio gestionado por los consejos comarcales y se divide en el transporte de carácter obligatorio (que implica trasladar a los alumnos a otro municipio, un servicio que es gratuito por ley) y el no obligatorio (el traslado se produce dentro del mismo municipio).
El recorte de la Generalitat afecta a este último, cuya tarifa fija el Consejo Comarcal, que puede decidir si ofrecer el servicio de forma gratuita o establecer una cuota a las familias.
Hacer de pago el transporte escolar no obligatorio perjudicará especialmente a aquellos municipios con urbanizaciones dispersas, alejadas del centro urbano y de los equipamientos escolares.
Este tipo de transporte escolar es muy importante para municipios como Corbera, Vallirana y Esparreguera (Baix Llobregat). Es inmoral el hecho de que la Generalitat obligue a los Ayuntamientos a asumir el gasto en un momento en que las finanzas municipales están ya muy tocadas.
La casuística es muy variada en cada comarca y municipio, pero lo que sí es seguro es que Ayuntamientos y familias tendrán que volverse a estrechar el cinturón para hacer frente en septiembre a la vuelta al cole más dura.
Otra vuelta de tuerca para la maltrecha clase trabajadora, que en nada beneficia la política neoliberal del CIU, todo lo contrario, cada vez nos recorta más el estado de bienestar.
¿Qué será lo próximo?
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