Los últimos días se ha generado una agria
polémica dentro de los partidos progresistas por la abstención del partido
socialista en la votación de la propuesta de ley apoyada por diversos partidos
de la izquierda en el congreso. Desde Nuevo Socialismo 3.0queremos
pronunciarnos al respecto en varios sentidos. Primero pensamos que la
incapacidad de la cúpula actual del PSOE para alcanzar acuerdos con otros
grupos afines ideológicamente en temas tan importantes como
este nos deja en muy mal lugar como partido político. Si tenemos una propuesta
alternativa lo lógico es consensuarla con el resto de grupos de la oposición, sobretodo
los de izquierda, para no ir en solitario aenfrentarnos a un
Partido Popular envalentonado por sus victorias electorales y
por su mayoría absoluta. Pero más allá de esta crítica sobre la estrategia
política de oposición blanda que ya hemos hecho otras veces,
hemos creído conveniente analizar pormenorizadamente la propuesta de nuestro grupo parlamentario al
respecto, a ver si es tan buena como para justificar marginar al resto de la
izquierda de su redacción.
Estas son las
conclusiones del análisis:
1.- Primero, en el preámbulo la
propuesta ignora la responsabilidad de los anteriores gobiernos en la dejación
de funciones del Banco de España, que debió impedir prácticas como la
concesión de hipotecas a plazos de 40 años por valor del 100% del valor de la
tasación, que permitió que las tasadoras trabajaran para los bancos inflando
las valoraciones de las viviendas, y que permitió que esa burbuja se inflará
con crédito internacional que ahora nos ahoga.
2.- La propuesta de ley es correcta en
la denuncia del desequilibrio en la posición del acreedor y del deudor, pero
no incide en que el estado favorece ese desequilibrio rescatando bancos
mientras deja caer familias, lo cual es un incumplimiento flagrante del
derecho a la vivienda consagrado en la constitución. Ni el anterior gobierno
del PSOE, ni el actual del PP, están proporcionando los medios para que las
personas puedan disfrutar de una vivienda digna. La propuesta hace mención a
este derecho, y desde ese punto de vista es correcta, pero la falta de
autocrítica la hace poco creíble.
3.- La propuesta de ley pretende
resolver el problema sin señalar culpables, lo cual es erróneo, pues si hay
culpables es conveniente indicarlo para no caer en los mismos errores, tomando
las medidas de prevención oportunas para que dichos culpables no
vuelvan a hacer de las suyas. A nuestro juicio los culpables son los
siguientes:
El Banco Central Europeo por no crear las condiciones monetarias macroeconómicas que permitan luchar contra el desempleo, generando por omisión de acción unas horrendas condiciones en el mercado laboral (reducción de sueldos, desempleo juvenil, precariedad laboral, etc) que hacen inevitable que centenares de miles de familias caigan en una situación de insolvencia total.
El Banco Central Europeo por no crear las condiciones monetarias macroeconómicas que permitan luchar contra el desempleo, generando por omisión de acción unas horrendas condiciones en el mercado laboral (reducción de sueldos, desempleo juvenil, precariedad laboral, etc) que hacen inevitable que centenares de miles de familias caigan en una situación de insolvencia total.
El Gobierno del PP, que incumple
flagrantemente el derecho constitucional de los españoles a un trabajo digno,
poniéndose de lado de las instituciones internacionales que nadie ha
elegido y aplicando recortes indiscriminadamente: recortes en sanidad,
en el subsidio de desempleo, en los sueldos de los empleados públicos, en los
pagos a las pymes que son sus proveedores, etc. Estos recortes generan muchas
de las insolvencias que acaban en embargos.
Las cúpulas de las entidades
financieras, que fueron y son colaboradoras necesarias de las injusticias. Es harto
conocida la expresión “no me digas que no puedo hacer esto, dime como puedo
hacerlo” que se suele oír en los despachos de los altos ejecutivos cuando se
reúnen con sus abogados especialistas en normativa bancaria. El
legislador dejó agujeros en la ley, y los banqueros los aprovecharon y
ahora piden rescates. Son por tanto culpables de la burbuja inmobiliaria
por su total carencia de ética profesional.
4.- La propuesta de ley pretende
establecer procedimientos extrajudiciales de ejecución hipotecaria sin
especificar quien salvaguardará al consumidor en la ejecución de esos
procedimientos. La historia reciente de las malas prácticas bancarias no
nos permite ser optimistas: si ese procedimiento no es favorable a las
entidades financieras y si no tiene tutela judicial independiente, no se
aplicará nunca. Si en cambio ese procedimiento es favorable a las entidades
financieras entonces quien pierde es el embargado, una vez más.
Dada la historia reciente de las prácticas bancarias realizadas en España, un
simple código de buenas prácticas no parece suficiente sin una tutela judicial
efectiva. Dicha tutela judicial debería ser gratuita para
aquellas personas sin recursos, siguiendo el principio constitucional de
que todos tenemos derecho a ser defendidos gratuitamente en los procedimientos
judiciales. La tutela judicial de ese procedimiento debe garantizar al acreedor
que efectivamente la insolvencia no es dolosa, y al deudor que la dación en
pago y la ejecución de la hipoteca se hace en términos equitativos en relación
a la tasación inicial del inmueble.
5.- La propuesta de ley incluye
mecanismos para evitar los desahucios en algunos casos. Nosotros pensamos que después
de darle a la banca centenares de miles de millones de euros de dinero publico,
dinero público que los propios desahuciados pagan con sus impuestos, es
inmoral que los bancos que reciben ayudas desahucien a las familias que a su
vez les rescatan. La banca intervenida no debería ejecutar ningún embargo
hipotecario a primeras viviendas al menos hasta que devuelvan todo el dinero
recibido.
6.- Otra medida importante que habría que incluir en esa propuesta de ley es la obligación de la banca intervenida de ceder los pisos que tenga vacíos a un gestor público de vivienda social, que los alquilará a los desahuciados a un precio simbólico, mediante contratos anuales prorrogables mientras esas familias no se recuperen económicamente.
6.- Otra medida importante que habría que incluir en esa propuesta de ley es la obligación de la banca intervenida de ceder los pisos que tenga vacíos a un gestor público de vivienda social, que los alquilará a los desahuciados a un precio simbólico, mediante contratos anuales prorrogables mientras esas familias no se recuperen económicamente.
7.- Finalmente, habría que incluir en
la nueva ley la modificación de los mínimos salariales inembargables.
Actualmente esos mínimos son anormalmente bajos, deberían subir a 1000 euros en
el caso de personas sin cargas familiares, sumando 300 euros por persona por
encima de la primera en la unidad familiar. La garantía personal hipotecaria no
debe condenar a la indigencia de por vida a los actuales hipotecados.
Si fueran muy pocas las familias
insolventes, y hubiera pleno empleo, los gobiernos y la banca podrían decir que
no son culpables de la situación de esas pocas familias, con situaciones
específicas que habría que estudiar una por una. Sin embargo, con un
paro del 25% y subiendo, y con tanta y tanta gente con ingresos
bajísimos, por obra y gracia de los tres grupos responsables previamente
mencionados, está claro que han sido ellos los que han generado las
condiciones macroeconómicas para que la gente no pague. No es
suficiente hacer una ley que aminore el dolor a los desahuciados, es necesario
evitar que vuelva a ocurrir algo parecido y para ello es indispensable señalar
los verdaderos culpables de la situación.
Por todo ello pensamos que debería
modificarse la propuesta de ley del PSOE, quedebería pactarse con todos
los grupos de izquierda, y que como partido deberíamos exigir
responsabilidades personales frente a la justicia a todos los
culpables de que hayamos llegado a esta situación debido a su dejación de
funciones y a las malas practicas bancarias, incluyendo la solicitud de
inhabilitación de todos aquellos que hayan actuado incorrectamente desde
sus posiciones de poder en los diversos ministerios de economía, reguladores
financieros, y en las entidades financieras. Debemos renovar esas
cúpulas de poder, con personas de intachable trayectoria, para que otros con
menos mala conciencia puedan ponerse al mando y llevar a cabo las medidas
oportunas, que no son desahucios y más desahucios, recortes y más recortes,
sino que deben ir en la dirección de ayudar a las familias, no solo a recuperar
la solvencia económica, sino también a recuperarse psicológicamente de esta
crisis que tanto daño nos está haciendo.
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