El Socialista de Vallirana

La historia de la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios se remonta a 1994, momento en el que España estaba sumida en una dura crisis económica con una tasa de paro que había alcanzado a algo más del 24% de la población activa. El PSOE se encontraba en el Gobierno con Felipe González a la cabeza y Pedro Solbes como ministro de economía.

Fue precisamente este último quien, el 15 de mayo, anunciaba una congelación salarial para el colectivo. Sin embargo, se les aseguraba gracias a un acuerdo entre la administración y los sindicatos, que entre durante el periodo comprendido entre 1995-1997 sus sueldos se verían incrementados conforme a la previsión del IPC. No obstante, la medida era histórica ya que suponía la primera congelación de sueldos públicos de la democracia y se justificó aludiendo a que era necesario reducir el déficit público para que pasara en tres años del 6,7% al 2% del PIB.

Sin embargo, poco duró aquel acuerdo ya que tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de 1996, el Gobierno, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, decidió llevar a cabo de nuevo una congelación salarial en 1997. En esta ocasión, el argumento fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de la Unión Europea que fijaba que el déficit público no fuera superior al 3% del PIB.

La respuesta no se hizo esperar: el 11 de diciembre de 1996, se produjo una movilización contra el Gobierno por la congelación salarial aprobada para 1997. Una de las principales críticas se hallaba en que ésta suponía ir en contra del acuerdo que se había firmado en el '94. Sin embargo, tras varios litigios el Tribunal Constitucional en 2005 avalaba la decisión del Gobierno por haber congelado los salarios, ya que según el Tribunal las circunstancias de 1996 y 1997 eran "muy diferentes a las existentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994".

Más tarde y con los años de bonanza económica, los empleados del sector público también vieron aumentar sus ingresos. De este modo, su sueldo creció entre 2000 y 2008 una media del 5,1%. Sin embargo, en mayo de 2010 caía un jarro de agua fría sobre el colectivo: José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno en aquel momento, anunciaba una rebaja de un 5% en el salario de los trabajadores públicos. La bajada era mayor para los funcionarios mejor remunerados y más baja para la base.

Asimismo, el presidente anunciaba una congelación salarial para 2011, ambas medidas (junto a otras tantas como el estancamiento de las pensiones) tenían como objetivo atajar el déficit. El presidente aseguró que para su Gobierno no resultaba "nada fácil" esas decisiones.

El sector de los trabajadores públicos seguía sin levantar cabeza. A finales de 2011, el ya presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba una nueva congelación del salario de los trabajadores públicos para 2012. La medida venía además con la equiparación de que todos los funcionarios trabajasen 37,5 horas semanales ya que había sectores que tenían una jornada de 35 horas o incluso menos. De este modo, los empleados públicos sufrieron este año como se congelaba su sueldo pero además se veían obligados a trabajar más horas.

Sin embargo, esa congelación no era el último disgusto que tendría que afrontar. El presidente del Gobierno, anunciaba el pasado miércoles su segundo paquete de recortes en el que se incluía la supresión de su paga de Navidad. Entre las medidas se encontraba además la eliminación de tres de los seis días de libre disposición ordinarios con que contaban los empleados públicos (llamados popularmente 'moscosos'), y acababan con los adicionales de que disponían en función de su antigüedad (conocidos como 'canosos').

Las acciones del Ejecutivo (junto a la subida del IVA, o la reducción de la prestación por desempleo) van encaminadas a lograr los objetivos de déficit público pactados con la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Sin embargo, estos últimos recortes han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los empleados públicos, que desde el pasado miércoles no han dejado de salir a la calle para protestar. La próxima cita la tienen este jueves ya que los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-F han convocado una jornada de manifestaciones en toda España contra lo que consideran un "atropello".

Lo que toca ahora es ir a “las barricadas”, no podemos quedar impasibles frente al constante atropello al que estamos sometidos.

Para empezar, los cuerpos de seguridad, han de tener claro dónde está su posición frente a esa situación, que sin lugar a dudas, está junto al pueblo. Por esto, basta ya de quitarles la mierda a los que la generan, el pueblo tiene razón, y toca estar con el pueblo.

Basta de tomaduras de pelo, ya está bien de pagar el pato los mismos, que reduzcan el déficit que han generado ellos, acabando con los chollos a los que están mal acostumbrados, y que reduzcan los cargos políticos, por lo menos a la media del resto de los países de la comunidad europea.

Quieren medidas, pues que tomen nota de las que propone el pueblo:

- Eliminar la pensión vitalicia de todos los Diputados y Senadores
- Revisar los salarios de los alcaldes, estableciéndolos por volumen de población
- Aplicar de una vez la ley a los que roban de las arcas públicas, haciéndoles devolver hasta el  
  último euro de lo robado, expropiándole además todos sus bienes como castigo ejemplar
-Eliminar todos los vehículos y tarjetas VISA oficiales
 (No es posible que tengamos más coches oficiales que USA").
-Acabar con los cargos de confianza, ya que son impuestos a dedo por el gobernante de 
 turno, pudiendo perfectamente hacer la misma función o mejor, un funcionario.
-Eliminar a todos los diplomáticos dejando un embajador y un cónsul en cada país.
  ("No es posible que malgastemos en esto más que Alemania y El Reino Unido").  
-Acabar con todas las transferencias a sindicatos, partidos” políticos, OCEOE, y fundaciones 
 opacas.
-Grabar las grandes fortunas y las operaciones económicas especulativas, creando impuestos 
  y tasas destinados a tal fin.

Con estas medidas, no tendrían de putear a la función pública aplicándole constantes recortes, ni al pueblo que es el usuario directo de ella, ya que se ahorrarían más de 45.000 millones de euros, y también seria innecesario recortar las inversiones públicas.

TOCA TOMAR ACCIONES CONTUNDENTES