Primero fue la huelga de basuras de Madrid. Las empresas contratadas por el ayuntamiento encontraron su particular manera de hacer ajustes en los gastos públicos: echar a casi mil trescientos trabajadores a la calle y reducir el salario del resto a casi la mitad. El asunto era mágico.
Quienes daban la cara en la aplicación de criterios de semiesclavitud eran las prestigiosas empresas constructoras y la alcaldesa denunciaba la conducta de los huelguistas. ¡A quién se le ocurre hacer huelga porque le bajan el sueldo a la mitad y se reduce la plantilla en esos mil y pico trabajadores! ¡Intolerable!
La sabiduría y la solidaridad de los vecinos, de la mayoría de vecinos de Madrid, les impidió caer en la trampa. La huelga era incomoda, casi insalubre, pero los sindicatos y los trabajadores hacían bien en defenderse frente a la destrucción de sus derechos.
Ahora le toca el turno a otros sectores privatizados. Quienes limpian la suciedad de la ropa de cama y de quirófano de los hospitales públicos de Madrid también pertenecen a otra contrata de una privatización. Y la mecánica es la misma. Reducción de casi el cincuenta por ciento de su salario. ¡Total, si solo limpian la porquería de nuestros hospitales! Y el presidente de la Comunidad de Madrid, como si no fuera con él, afirma que los trabajadores, con sus protestas, perjudican a los enfermos.
Bueno, esto se pone interesante, una vez que se ha demostrado que la unidad de sindicatos y trabajadores en la huelga de la limpieza a derrotado la obscenidad de las empresas, solo tenemos que aplicar el mismo método a la huelga de lavanderos que se avecina. Apoyo solidario para que sean capaces de estar unidos y no ceder al chantaje.
Como las protestas empiezan a ser efectivas, el Gobierno del PP quiere recortar los derechos de huelga y manifestación. El eufemismo es “regulación”. Pero no dicen nada de regular las pretensiones de las empresas de esclavizar a sus trabajadores. La ley del embudo.
La medicina de reducir los sueldos a la mitad debe ser mágica en las entendederas del PP. Lo que no se entiende es por qué no se la aplica la alcaldesa de Madrid y el presidente de la Comunidad para dar ejemplo.
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