El PSOE veta a un diputado de Unidos Podemos por tener dos placas solares.
Pero el pasado viernes, y en una postura contraria a la mantenida el pasado junio, el Partido Socialista vetó la solicitud de cerca de 37 diputados al considerar su portavoz en la Comisión del Estatuto, Carlos Sahuquillo, que se hacía una lectura excesivamente flexible. Entre los diputados vetados por el PSOE figura Juantxo López de Uralde, de Unidos Podemos, por ser “propietario de central solar fotovoltaica”.
En un comunicado, el coportavoz de Equo ha aclarado que no se trata de una central, sino de "2 placas solares de 9 piezas cada una, instaladas en 2003 destinada al autoconsumo y conectadas a la red". La formación explica que la instalación ha generado beneficios por valor de 946 euros en 2016.
Tal y como está redactada la legislación de energías renovables en España, se hace necesario que para dar de alta este tipo de instalaciones se registre como actividad económica, incluso aunque el destino final sea el autoconsumo.
“Me parece una hipocresía por parte del PSOE pretender que 2,5 kw de placas solares es incompatible con ser diputado, mientras ellos han alimentado las puertas giratorias y sus exministros se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas. Este hecho demuestra una vez más las dificultades para ser autoconsumir energía solar, mientras las energías sucias tienen campo libre”.
El PSOE también vetó al diputado de Unidos Podemos por participar en la actividad de medios de comunicación privados, aunque López de Uralde asegura que "no ha cobrado nunca por asistir o colaborar cuando se le ha invitado". Asimismo, también vetó a la diputada Rosa Martínez, también de Unidos Podemos y coportavoz de Equo por “conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada”, a lo que el partido ha respondido argumentando que se trata de una actividad "docente" por la que tampoco se ha percibido compensación.
La posición del PSOE contrasta con la mantenida el pasado mes de junio, cuando aprobó junto al resto de partidos en el pleno del Congreso un informe de compatibilidades prácticamente idéntico al rechazado ahora.
En particular, la condición de diputado y senador es incompatible con el ejercicio de la Función Pública y con el desempeño de cualquier otro puesto de las Administraciones Públicas o empresas con participación pública directa o indirecta. No obstante, la ley electoral sí permite que los parlamentarios puedan colaborar en actividades docentes o de investigación de carácter extraordinario, pudiendo sólo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas.
Sin embargo, el Gobierno tiene por costumbre autorizar el ejercicio de otras actividades privadas declaradas con la reserva de que no deben afectar al trabajo parlamentario ordinario ni mantener relación mercantil con las administraciones públicas.
En los primeros meses de cada legislatura, la comisión -que se reúne a puerta cerrada- debe emitir un informe sobre las actividades compatibles de los diputados que después se eleva al pleno para su aprobación definitiva.
La pasada legislatura ese informe se aprobó el 28 de abril. Ese día el Congreso dio luz verde, por ejemplo, al trabajo como actor del diputado de Ciudadanos Toni Cantó o de presentador de un programa de televisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Lo mismo sucede con el ejercicio de la abogacía, caso del portavoz del PP, Rafael Hernando, o la judicatura, como el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes, actual juez en excedencia.
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